La delicuencia como maltrato social

Hubo un tiempo en que la seguridad no era una preocupación, era un suelo social donde pisar confiado. Hoy, en Barcelona y en buena parte de Cataluña, ese suelo se ha resquebrajado. Y cuando la seguridad deja de ser una certeza, el miedo ocupa su lugar. La inseguridad no empieza cuando te roban, empieza cuando dejas de vivir como antes de que te robaran.

La delincuencia ya no se mide sólo en estadísticas. Se mide en gestos. En la forma en que sujetamos el bolso. En cómo escondemos el móvil. En las calles que evitamos. En las rutas que alargamos para sentirnos menos vulnerables. Cuando una sociedad empieza a comportarse así, el problema ha dejado de ser policial para convertirse en una patología social inadvertida, pero con efectos nocivos para la calidad de vida y la salud.

Los datos avalan lo que la calle ya padece. Cataluña supera las 600.000 infracciones penales anuales, con un peso abrumador de los delitos contra el patrimonio. Barcelona se ha convertido en capital del hurto reiterado, con cifras que han superado los 200.000 casos anuales en su entorno. Pero el dato decisivo no es el volumen, sino la repetición. La multirreincidencia —delincuentes con decenas o incluso centenares de detenciones— ha convertido el delito en rutina y la ley en advertencia vacía.

Y ahí nace el verdadero problema: el miedo deja de ser individual y se convierte en colectivo. Se instala como una atmósfera. Según el Centre d'Estudis d'Opinió, la inseguridad figura ya entre las principales preocupaciones de los catalanes. No es una percepción exagerada: es una experiencia compartida.

Ese miedo tiene efectos reales. No sólo sociales, sino también físicos y psicológicos. La evidencia en salud pública es clara: vivir en entornos percibidos como inseguros incrementa los niveles de ansiedad, estrés crónico y trastornos del sueño. Estudios europeos y de la Organización Mundial de la Salud señalan que entre un 30% y un 40% de la población urbana en contextos de inseguridad sostenida reconoce limitar su vida cotidiana por miedo al delito. Personas mayores que dejan de salir, mujeres que rediseñan su vida diaria, jóvenes que normalizan la alerta constante, padres intranquilos por sus hijos en horarios nocturnos. La calle se convierte en amenaza. La vida pierde calidad.

La delincuencia, así entendida, no es sólo una infracción penal. Es una forma de maltrato social. Porque no sólo roba lo que llevamos encima: nos arrebata la tranquilidad de salir a la calle despreocupados.

A esa inseguridad puramente delictiva habríamos de sumar otro motivo de desasosiego cada vez más insoportable: la okupación de viviendas. Cataluña concentra cerca del 40–45% de las okupaciones de toda España, pese a representar apenas el 16% de la población, lo que evidencia una sobrerrepresentación estructural del fenómeno.

A este deterioro no se ha llegado por azar. Durante años, bajo la alcaldía de Ada Colau, se impuso una visión ideológica de la seguridad que ha tendido a minimizar el problema, a desconfiar del papel de la policía y a diluir la responsabilidad individual en explicaciones exclusivamente sociales. El resultado político fue - y en parte sigue siendo - una respuesta débil frente a la delincuencia reiterada y una creciente sensación de impunidad.

A menudo, ante este hecho, la ciudadanía arremete contra quien tiene más a mano. Pero conviene recordar: la policía sólo actúa; quien previene con leyes y decide las consecuencias son los políticos. Los jueces aplican la ley, y los policías obedecen instrucciones. Y hoy, el marco legal frente a la multirreincidencia en delitos leves resulta insuficiente. Detenciones que no disuaden, sanciones que no frenan y delincuentes que vuelven a la calle en cuestión de horas. Ese circuito, repetido una y otra vez, es el que ha convertido el delito en costumbre y el miedo en norma.

Las recientes macrorredadas en Barcelona han demostrado que la presión policial funciona. Pero también han evidenciado otro fenómeno: el desplazamiento del delito hacia municipios del cinturón metropolitano. El problema no desaparece: se mueve. Se extiende. Se adapta.

Y mientras tanto, la sociedad reacciona como puede. A veces con lucidez. A veces con ofuscación. El miedo simplifica, empuja a buscar culpables colectivos y alimenta discursos que fracturan la convivencia. Pero el origen del problema no está en la simplificación del ciudadano, sino en la falta de respuestas eficaces desde las instituciones.

¿Ha aumentado la delincuencia con la inmigración? Sí. Los extranjeros representan aproximadamente el 17–18% de la población en Cataluña, pero concentran en torno al 60–65% de las detenciones, con picos de hasta el 90% en delitos como el hurto en Barcelona. Además, la tasa de detención por población puede ser entre cinco y seis veces superior respecto a la población autóctona.

Pero este dato, por sí solo, no explica el fenómeno. La delincuencia no es homogénea ni atribuible a un colectivo en su conjunto, sino altamente concentrada en perfiles concretos: multirreincidentes, economías informales y redes delictivas que han hecho del hurto un modo de vida. El problema no es la inmigración en sí, sino la combinación de reincidencia, impunidad y ausencia de respuestas políticas eficaces. Simplificarlo en clave identitaria no sólo es injusto, sino inútil.

Cuando el Estado no garantiza seguridad, lo que se deteriora no es sólo el orden público: es el contrato social. Y cuando eso ocurre, el verdadero daño ya no está en lo robado, sino en lo perdido: la libertad de vivir sin miedo.