Comienza a ser un lugar común sacar el artículo 55.1 de la Constitución para embridar los disparates secesionistas de la autonomía de Artur Mas. Tiempos levantiscos que excitan medidas drásticas.
Esto me recuerda una práctica escolar perpetuada en el tiempo, abusiva y nada democrática. A pesar de ello, nuestro profesorado, mayoritariamente, la sigue aplicando sin conciencia de estar actuando contra derechos fundamentales del ciudadano.
Seguro que cualquiera que esté leyendo estas líneas en algún momento de su etapa educativa fue castigado en un escarmiento colectivo por no salir el culpable de alguna trastada o fechoría. "Si no sale el culpable, toda la clase se quedará sin patio". Qué más da el motivo, podía ser por la rotura de un cristal, por una pintada en los lavabos o por un robo a otro estudiante. De un plumazo, lo que en la calle sería abuso de poder, en la escuela es práctica diaria. Tal proceder despoja de garantías procesales a nuestros escolares y deroga su presunción de inocencia. En la calle nadie soportaría que un juez le declarase culpable por vivir en el mismo edificio donde se hubiera refugiado el ladrón del súper de la esquina. Tal abuso no tiene cabida en un Estado de Derecho. En él, el Estado ha de lograr las pruebas para condenar, no así en una dictadura, donde es el acusado el que ha de demostrar su inocencia.
El hecho de ser estudiantes no debería significar la pérdida de la condición de ciudadano. Si el profesor no encuentra el culpable, si su capacidad de persuasión no logra la colaboración del resto, es un problema suyo y de la institución escolar, no de los estudiantes inocentes. El que entre ellos pudiera haber alguno que callase la autoría de la fechoría en ningún modo convierte en cómplice a toda la clase. Es posible que su actitud sea incívica, pero mientras no se demuestre que encubre al culpable, sigue siendo tan inocente como el presunto culpable. Castigar a la clase entera por el delito de una parte es intolerable desde el punto de vista democrático y muy poco edificante desde un punto de vista pedagógico. Si aspiramos a lograr generaciones cívicas y democráticas, habría de ser la escuela la primera en velar por estos valores democráticos que nos elevan como civilización.
Pasa lo mismo con esta fiebre de sacar el artículo 55.1, cuando hemos estado tantos años sin sacar siquiera la dignidad de oponernos a lo evidente. A medida que el órdago separatista ha ido ganando en desprecio por la ley y en chulería institucional, han ido levantándose voces exigiendo la suspensión de la autonomía catalana en nombre de dicho artículo 55.1 de la Constitución. Además de un error escasamente meditado, se hace culpable a toda una comunidad de lo que sólo unos cuantos responsables políticos son culpables. Es a ellos, con nombres y apellidos, a quienes hay que suspender de sus poderes institucionales, e inhabilitarlos para ejercer cualquier cargo público por prevaricación y rebelión contra las leyes que todos nos hemos dado democráticamente.
Hechos y razones sobran. La Consejera de Educación ha incumplido varias sentencias del TS sobre bilingüismo escolar amparada por el presidente Mas. Hoy mismo hemos sabido que la Asociación de Inspectores de Enseñanza de Cataluña (AIEC), dependiente de la Generalidad, se ha adherido al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, alineándose con las tesis separatistas y dejando entrever que no harán cumplir la Lomce, conocida como Ley Wert, que intenta garantizar la libre elección de lengua para los alumnos. Creo que si el Estado hubiera actuado contra prevaricadores como estos, y solo contra ellos, más de un cobarde que se refugia en la manada para incumplir la ley se lo pensaría dos veces. Y de paso, los derechos institucionales de todos quedarían a salvo. Pero, ya saben, cuando se deja hacer, al final, los más ruines de la manada nos pueden arruinar la vida.