El Mundo abre su edición este martes con una teatral foto del líder de CiU, Artur Mas, firmando un documento ante notario a través del cual se compromete con los electores de Cataluña a cumplir con sus promesas de la campaña electoral. El diario titula que "Artur Mas recurre a un notario para que los catalanes crean sus promesas" y apunta que "Escenifica un simulacro de contrato que incluye el compromiso de 'no firmar ni establecer ningún pacto estable con el PP' y otras 20 promesas sociales por valor de 1.200 millones de euros" mientras que "Josep Piqué lo califica de 'frivolidad política' y 'patochada' y Joan Saura dice que 'nadie le cree'". En su editorial "¿Por qué no firma ante notario que no cobrará el 3% si gobierna?", el diario opina que "la estrategia del contrato para dar publicidad al programa es una fórmula de marketing político copiada de la campaña laborista británica de 1997 (...) pero que en el caso de Mas está llevada al extremo, con la aparición de la figura de un notario que no tiene ningún valor real, pues un contrato así, sin parte contratante, no tiene valor jurídico alguno". Apunta que "el simbolismo de la notaría persigue dar credibilidad a las promesas electorales, pero entonces habría que preguntarse qué ha pasado en la política catalana para tener que llegar a extremos tan teatrales. Puestos a recuperar la credibilidad perdida, mejor sería que CiU prometiera algo más contundente que lo que siempre ha figurado en sus programas electorales (...) y rubricase en cambio ante la opinión pública que si vuelve al Gobierno no cobrará las comisiones del 3% a quien contrate con su Administración". Concluye que "hay estrategias de marketing, como la de suplir con un notario la falta de credibilidad, que pueden resultar esperpénticas pero no dejan de ser inofensivas. Sin embargo, hay otras, como la de hacer pasar al principal partido de la oposición como un extremista y un enemigo del País Vasco y Cataluña, cuyas consecuencias empiezan a hacerse visibles: desde los violentos incidentes de Martorell contra Piqué y Acebes a los ataques de ayer a Fraga en la Universidad de Granada, forzado a irse con su conferencia a otra parte".
En su portada, el diario de Pradillo incluye que "Pumpido dice que jueces y fiscales deben 'buscar la paz social' en los procesos a ETA", que "La constructora Sacyr compra el 9,2% de Repsol para protegerla de una OPA hostil" y que "Toneladas de tierra radioactiva serán trasladadas del centro de Madrid al cementerio nuclear". Además dice que "Zapatero deja crecer ahora la expectativa de que la vicepresidenta De la Vega sea la candidata por Madrid". En clave económica, incluye en otro de sus editoriales el tema de la demanda de E.ON contra Acciona. En "Emboscada alemana en Nueva York" dice que "resulta una incongruencia que la multinacional alemana lleve ante los tribunales estadounidenses a una empresa española por una operación que ya ha sido supervisada por la CNMV, que cumple las reglas de la competencia en España y en la que los inversores han salido muy beneficiados". Añade que "es absurdo pensar que el Gobierno español o cualquier accionista de Endesa llegara a acuerdos con Acciona y menos por escrito. Otro cosa es que puedan haber existido conversaciones para crear un núcleo estable en el accionariado, lo cual es totalmente legítimo. Y, en tercer lugar, no puede haber contrapartidas por la entrada en Endesa porque ello sería un escándalo político y vulneraría las leyes de la competencia, como ya hemos escrito en estas páginas". Concluye que "da la impresión de que estamos ante una rabieta de E.ON, que, al ver que se disipan sus posibilidades de hacerse con el control de Endesa, ha optado por coaccionar a su rival. Una lamentable estrategia".
El diario El País abre su portada en clave económica y titula que "Sacyr fortalece el núcleo español de Repsol YPF con la compra de un 9%" y agrega que "la constructora paga 2.855 millones en una operación pactada con La Caixa". Además, informa que "la UE planea abrir este viernes el polémico debate sobre el futuro de las centrales nucleares" y que "El fiscal general afirma que aplicará la ley 'sin trampas' para que no haya más muertos de ETA". El diario de Prisa dedica uno de sus editoriales al proceso electoral abierto en Cataluña. En "Campaña catalana" dice que "la campaña electoral catalana ha arrancado con una tensión inédita y sorprendente, que no se corresponde con la ventaja de la coalición nacionalista CiU que manifiestan las encuestas ni con la atonía que unos y otros preveían. Un largo vídeo electoral de CiU, distribuido profusamente el pasado domingo, ha introducido un cierto factor tremendista que ha calentado la campaña en su mismo arranque, al atribuir al tripartito y sobre todo al candidato socialista todos los males". Advierte que "este vídeo tiene el riesgo evidente (para CiU) de convertirse en factor de movilización de la izquierda y es a la vez el síntoma de que esta coalición, que se presume vencedora, parece haber agotado en su hasta ahora exitosa precampaña todo el margen de crecimiento". Opina además que "si los últimos años de la Generalitat y los recientes meses de precampaña han sido prolíficos en ruidos, convendría que la campaña electoral, recién abierta, no siguiera el mismo cauce. Porque hay nuevos horizontes y urgencias para los ciudadanos catalanes: un Estatuto que permite como mínimo dos lecturas, una más nacionalista y otra más federal; la inmigración, de la que de pronto todos han dejado de hablar en la campaña, pero sobre la que la nueva Generalitat dispondrá de importantes competencias; la política de vivienda pública y de rehabilitación de los barrios marginales, sobre las que la coalición conservadora apenas ha abierto la boca; o las infraestructuras, entre las que destaca el aeropuerto de El Prat. Son muchos los debates del máximo interés para la ciudadanía, y más con el nuevo Estatuto, que no deben quedar sepultados por la propaganda y, menos aún, por el juego sucio o las coacciones de jóvenes radicales o exaltados, tal como las que ha venido sufriendo el PP en los últimos meses".
Por su parte, el diario ABC dedica su titular principal a las declaraciones de Conde Pumpido este lunes en el Senado: "Pumpido pone la Fiscalía del Estado al servicio del 'proceso' con ETA" y agrega que "el fiscal general avisa en el Senado que no consentirá 'una justicia de trinchera y venganza'" mientras "el PP pide su dimisión y llevará al Congreso al diálogo con la banda si Zapatero no lo explica". Además, informa de que "el ex alcalde socialista de Ciempozuelos pactó 40 millones de comisión por una recalificación" y detalla que "prometió en 2005 a la inmobiliaria Esprode que podría levantar 5.200 viviendas: en abril del año pasado, el ayuntamiento del PSOE aprobaba el nuevo plan". También incluye la información económica del día: "La constructora Sacyr compra el 9,2% de Repsol por 2.855 millones y la blinda ante posibles opas" y que "Zapatero hará una declaración institucional cuando ETA haga su tregua irreversible". Agrega que "'el proceso discurre', dijo el presidente cuando se le preguntó por las informaciones de ABC" y revela que "Eguiguren y Ternera compartieron hasta el baño en su escondite de Oslo donde se reunieron". En su editorial "Con la Constitución en la mano" señala que "las informaciones publicadas en ABC acerca de la marcha del llamado 'proceso de paz' –confirmadas de manera tácita pero inconfundible por el Gobierno y por su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero– remiten a una muy seria preocupación sobre el alcance de las contrapartidas –el llamado precio político– que el Ejecutivo y su partido, y también sus demás aliados parlamentarios, estarían en disposición de ofrecer a la banda terrorista ETA a cambio del fin de la violencia". El diario de Vocento indica además que "pero lo que el Gobierno no puede hacer es ofrecer, a cambio de la paz, una mesa extraparlamentaria de partidos políticos vascos en la que se respaldarían pronunciamientos que atenten contra la soberanía y la unidad de España". Apunta finalmente que "la Constitución, como reza textualmente su artículo 2, 'se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas', de tal manera que afectar el fundamento de la Carta Magna sería tanto como atentar contra las reglas que rigen la convivencia política y jurídica de los españoles". Concluye señalando que "ni este Gobierno ni ningún otro, sea cual fuere la razón que alegue, puede perpetrar tal desafuero. La 'hoja de ruta' de la paz y de la libertad está en la Constitución; es la propia Constitución, como norma y como pacto político y el Gobierno –el primero– debe respetarla y hacerla cumplir".
La Razón abre su edición con "Un sector del CGPJ apoya la objeción de conciencia en las bodas gay" y agrega que "El Consejo del Poder Judicial debate mañana si los magistrados del Registro Civil pueden negarse a tramitar el enlace". Además, informa de que "un informe del vocal José Luis Requero concluye que es legítimo no cursar los expedientes por motivos religiosos" y que "esgrime que, en este caso, los jueces actúan como funcionarios y no realizan funciones jurisdiccionales". En su editorial "Cuestión de conciencia" apunta que "el dictamen de Requero tiene como base la doctrina del Tribunal Constitucional, que en diciembre de 2005 estableció una clara diferencia entre la función jurisdiccional y la función registral. En este último caso existe una dependencia funcional del Ministerio de Justicia". Agrega que "al igual que los funcionarios, esos jueces sí tienen derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos. En auxilio de su tesis cita dos sentencias del Alto Tribunal en las que se reconoció a un sargento del Ejército y a un subinspector del Cuerpo Nacional de Policía sus derechos a la libertad religiosa 'en su vertiente negativa', para que no tuviesen que acudir a sendos actos con sentido religioso: el militar se negó a fomar parte de una parada militar en honor a la Virgen de los Desamparados y el policía no aceptó participar en una procesión de Semana Santa". El diario dice que "el ponente del Poder Judicial establece el paralelismo de estos casos con el del juez de Sagunto. Cuestión radicalmente distinta es cuando el juez ejerce funciones jurisdiccionales, donde 'no puede impedir, apelando a su conciencia, que un conflicto se resuelva según lo que se deduzca de la norma que tiene que aplicar'". Concluye que "la argumentación de Requero es sólida, pero sea cual fuere la decisión del CGPJ, el asunto bien merece un debate sereno, científico y sin prejuicios que redunde en un mayor respeto a la libertad individual".
EL MUNDO: "Artur Mas recurre a un notario para que los catalanes crean sus promesas", "Pumpido dice que jueces y fiscales deben 'buscar la paz social' en los procesos a ETA", "Toneladas de tierra radiactiva serán trasladadas del centro de Madrid al cementerio nuclear" y "La constructora Sacyr compra el 9,2% de Repsol para protegerla de una OPA hostil".
ABC: "Pumpido pone la Fiscalía del Estado al servicio del 'proceso' con ETA", "Zapatero hará una declaración institucional cuando ETA haga su tregua irreversible", "El ex-alcalde socialista de Ciempozuelos pactó 40 millones de comisión por una recalificación" y "La constructora Sacyr compra el 9,2% de Repsol por 2.855 millones y la blinda ante posibles opas".
EL PAÍS: "Sacyr fortalece el núcleo español de Repsol YPF con la compra de un 9%", "Un encuentro histórico y una foto trucada" (información relativa al montaje de unas fotos de la Agencia Efe del encuentro de Franco y Hitler), "La UE planea abrir este viernes el polémico debate sobre el futuro de las centrales nucleares", "El fiscal general afirma que aplicará la ley 'sin trampas' para que no haya más muertos de ETA" y "El 'pelotazo' del tío de Esperanza Aguirre".
LA RAZÓN: "Un sector del CGPJ apoya la objeción de conciencia en las bodas gay", "También Prodi declina enfrentarse a Gallardón", "Rosa Díez se declara 'insumisa' con la política del PSOE sobre ETA", "La eléctrica italiana Enel sondea su entrada en España a través de Unión Fenosa", "Asaltan un acto de Fraga con gritos de 'fascista' y 'asesino'" y "Uno de cada siete españoles sufre alguna enfermedad mental".
LA VANGUARDIA: "Repsol se blinda frente a las opas extranjeras con Sacyr", "Montilla vaticina graves enfrentamientos con España si se impone CiU", "Más muertes sobre dos ruedas" y "Miles de ecuatorianos piden el reagrupamiento familiar". En su editorial titulado "Prodi en Madrid" afirma que "Prodi expresó su voluntad de que la empresa eléctrica italiana Enel pueda tener una mayor presencia en España, de que ambos países incrementen su colaboración en materia energética, ya que los intereses italo-españoles son comunes, y de trabajar conjuntamente para 'reposicionarse a nivel estratégico' dentro del continente europeo. Todo ello está muy bien. Pero el movimiento, como sabe muy bien el primer ministro italiano, se demuestra andando".
EL PERIÓDICO: "Zapatero no ve prioritario 'ahora' pactar con Mas", "Elogio unánime de la lucha por la libertad del Grupo Zeta" y "Sacyr compra el 9% de Repsol para defender la empresa de opas hostiles". Su editorial titulado "Sanciones de boquilla" afirma que "además del descrédito que pesa sobre el Consejo de Seguridad de la ONU, a cuya inoperancia ritual se añade ahora la parodia de la resolución contra el ensayo nuclear de Corea del Norte, los problemas de la explosión nuclear norcoreana siguen en pie, de modo que la secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, prepara ya una gira asiática, con escala especial en Pekín, para mitigar los efectos perniciosos de una resolución ineficaz".
