Sería injusto o prematuro reprochar a Pedro Sánchez su rechazo a una hipotética oferta de Pablo Casado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la sencilla razón de que el Partido Popular no ha ofrecido hasta la fecha al Gobierno acuerdo formal alguno para que la elección de los miembros de dicho organismo deje de estar en manos de los partidos y pase a estar en las de los propios miembros de la carrera judicial. Lo más que ha hecho el PP hasta la fecha –como ha quedado claro en la reunión de este miércoles entre Sánchez y Casado– es rechazar el acuerdo que el PSOE le ha ofrecido para una nueva designación política del CGPJ, negativa que permite al Gobierno reforzar en la opinión pública su falaz relato de que es el PP el que bloquea la renovación de un CGPJ que lleva años en una lamentable situación de interinidad.
Lo peor es que esta manipulación de la opinión pública que presenta arteramente al PP como culpable del bloqueo puede llevar más pronto que tarde al partido de Casado a ceder y protagonizar un nuevo chalaneo con el PSOE, con lo que traicionaría una vez más sus promesas relativas al fomento de la independencia de los poderes Legislativo y Judicial. Ese riesgo es aún más acuciante tras la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo, abiertamente partidaria de una renovación del Poder Judicial protagonizada por la propia Judicatura y no de una nueva designación política acordada entre partidos. De hecho, fue este uno de los motivos que Casado dio a Álvarez de Toledo para justificar su destitución, según manifestó la exportavoz del PP.
Así las cosas, y mientras el PP no se moleste en hacer un ejercicio de comunicación y de pedagogía destinado a presentar al PSOE ante la opinión pública como el gran responsable tanto de la politización de la Justicia como de la situación de bloqueo e interinidad del CGPJ, que nadie cante victoria: el 'no' de Casado a Sánchez de este miércoles bien puede convertirse mañana en un nuevo 'sí' al entierro de Montesquieu y a su separación de poderes.