Si el CGPJ se atreve finalmente a suspender a Garzón a raíz de las tres causas que éste tiene abiertas por prevaricación, no será por falta de maniobras del juez para tratar de evitarlo. A las presiones políticas que éste ha desatado a su favor –lideradas por el mismísimo presidente del Gobierno–, hay que sumarle las presiones mediáticas que están llevando a cabo todos los periódicos progubernamentales –especialmente El País–, sin olvidar las presiones sociales que también están llevando a cabo "los artistas e intelectuales de la ceja".
A todas estas vergonzosas presiones hay que añadirles las propias y arteras maniobras que Garzón está llevando a cabo en el mismo seno del CGPJ a través de la posibilidad de recusar a quien considere que no le va a brindar su apoyo. Tal es el caso de las abstenciones que Garzón ha planteado a los vocales Margarita Robles, Fernando de la Rosa y Gema Gallego.
Aunque nos haya parecido plausible que Margarita Robles haya aceptado apartarse del asunto –no porque reconociera ninguna "enemistad" hacia Garzón, sino por el hecho de que fue subsecretaria del Ministerio de Justicia cuando él era delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas–, conviene recordar que esa circunstancia es la misma por la que Garzón también debió de abstenerse cuando procesó a alguien con quien sí tenía una enemistad manifiesta, tal y como era su ex compañero de Gobierno, Rafael Vera. Así lo ha dictaminado recientemente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en una dura y justificada amonestación a Garzón por no haberse abstenido en el caso Marey.
Situación radicalmente distinta a la de Robles es el del vicepresidente del CGPJ, Fernando de la Rosa, quien también ha decidido este martes abstenerse, sin razón alguna para ello, pero también justificando su decisión en un intento de que no haya "pretexto" para cuestionar las actuaciones judiciales que se están tramitando con total independencia y objetividad. Con todo, y como bien ha explicado el propio De la Rosa, a él no le une ninguna enemistad ni amistad con parte alguna en este proceso. Aunque reconoce su amistad hacia Camps, recuerda que el presidente valenciano "no es interesado directo" en el expediente abierto al juez estrella ya que no instruye en estos momentos causa judicial alguna que le afecte.
De hecho, consideramos que Fernando de la Rosa bien podría haber rechazado su abstención alegando las mismas razones por las que Gema Gallego ha rechazado la suya; a saber, que la supuesta enemistad que alega Garzón "deriva de su propia y exclusiva convicción y deseo".
Estas exitosas y arteras maniobras de Garzón son todavía más lamentables si tenemos en cuenta que el CGPJ ha rechazado recusar a vocales que, como José Manuel Gómez Benítez, Pío Aguirre Zamorano y Miguel Carmona, ofrecen muchos más motivos –sobre todo en los dos primeros casos– para haberse o haber sido apartados de las deliberaciones.
Si a Aguirre le une una conocida amistad con su paisano Garzón (amistad que han exhibido en numerosas cacerías), en el caso de Gómez Benítez no sólo concurre una íntima amistad, sino el hecho de haber sido el abogado del juez estrella, dos razones tipificadas ambas por el articulo 219 de la LOPJ para abstenerse, o en su caso, recusar a jueces y magistrados. De hecho, por estas mismas razones, Gómez Benítez se abstuvo anteriormente en decisiones relacionadas con Garzón.
El CGPJ ha rechazado, sin embargo, apartar a estos vocales del caso alegando que los letrados que pidieron sus recusaciones son "personas ajenas" en el expediente de suspensión de Garzón.
Además de que los abogados Panea y Manzón son parte interesada en este expediente –tan interesadas como que fueron ellos quienes acusaron de prevaricación a Garzón por no haberse abstenido en el asunto del Banco Santander–, el más elemental sentido de la decencia y de la Justicia debería haber llevado a Gómez Benítez a apartarse voluntariamente de este caso. Pero, ¿qué decencia y qué sentido de la Justicia cabe esperar de quien, en nombre del Gobierno, no tuvo empacho en doblegar al derecho para tratar de contentar a ETA durante el mal llamado "proceso de paz"?
Esperemos que el proceso destinado a suspender a Garzón no termine convirtiéndose en la prevaricación destinada a salvar a un juez acusado de prevaricador.