La dura pugna que han mantenido PSOE y Podemos en los últimos días para repartirse los altos cargos de RTVE evidencia, una vez más, que la única función de las televisiones públicas consiste en servir fielmente a los intereses particulares de los partidos políticos que ostentan el poder.
Tras el intento del PSOE por aupar a la presidencia del grupo a Arsenio Escolar y la propuesta de Ana Pardo de Vera por parte de Podemos, periodistas en los que la supuesta neutralidad política brilla por su ausencia, otro de los candidatos que ha sonado es Andrés Gil, responsable de la sección de Política de eldiario.es y mano derecha del máximo responsable de este medio, Ignacio Escolar.
Sin embargo, con independencia de quién sea finalmente el elegido, la hipocresía y el cinismo que están demostrando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias a la hora de nombrar a la nueva dirección del ente público no conoce límites. Durante los años de gobierno del PP, la izquierda ha lanzado duras críticas contra la politización de RTVE y la inaceptable injerencia informativa que, desde el poder, hacían los populares, exigiendo, por ello, la restitución inmediata de la supuesta neutralidad e independencia de la que había sido desprovista. Pero, una vez alcanzado el poder, Sánchez apenas ha tardado unos días en negociar en los despachos el diseño e imposición de la nueva cúpula de este organismo con sus aliados independentistas y de extrema izquierda.
Ni rastro, por tanto, de intento de despolitización, sino todo lo contrario. Sánchez apuesta por el dedazo y por intensificar la burda e inaceptable manipulación política que siempre ha ejercido el poder a través de las televisiones y radios públicas que mantiene bajo su control. Esta forma de actuar evidencia el lamentable sectarismo que se ejerce en los medios públicos con el dinero de todos los contribuyentes.
Televisiones cuyo principal objetivo no es informar ni, mucho menos, servir al interés general, sino funcionar como altavoz y herramienta de propaganda electoralista al gobierno de turno, ofreciendo el enfoque que más le conviene, al tiempo que esconden e ignoran todo aquello que pueda molestar o perjudicar a sus verdaderos dueños, que no son los contribuyentes, sino los políticos.
Si a esta vergonzosa utilización de los recursos públicos se suma, además, la ruina económica de RTVE, el cuadro no puede ser más desolador e indignante. Con un presupuesto próximo a los 1.000 millones de euros al año, un déficit estructural y una plantilla de trabajadores que supera al de todas las televisiones privadas, su mantenimiento constituye una auténtica ruina, además de una innecesaria y prescindible carga para el bolsillo de los españoles.
En definitiva, las televisiones públicas son, todas sin excepción, sinónimo de sectarismo político, manipulación informativa, enchufismo, redes clientelares y despilfarro presupuestario. La única solución aceptable y eficaz para evitar que la clase política cuente con medios de comunicación a su servicio pagados con el dinero de los contribuyentes no consiste en absurdas comisiones de control, inútiles mecanismos de transparencia o complejos sistemas de elección, sino en el simple cierre y liquidación de dichos entes. Hay que dinamitar RTVE y el resto de televisiones autonómicas, cuya única función ha sido y siempre será el servilismo partidista.