Tenso rifirrafe el mantenido este miércoles en el Congreso entre el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta y el ministro de Educación. Íñigo Méndez de Vigo. "Llámeme excéntrico", le dijo en un momento dado el primero al segundo, "pero ¿sería mucho pedir que se pudiera estudiar español en España?". A lo que el ministro replicó: "no le llamo excéntrico, sino demagogo porque en España se estudia en español".
Es verdad que el ministro ha mentido descaradamente al negar que en algunas partes de España –y no sólo en Cataluña– el castellano haya sido proscrito como lengua vehicular en la enseñanza. La burda negación de la realidad por parte del ministro es tanto más grosera porque hace sólo unos días él mismo tuvo que admitir que no iba poder cumplir en Cataluña su compromiso de garantizar la enseñanza en español a quienes así lo solicitasen, tal y como se había comprometido a hacer antes las demandas de los ciudadanos catalanes que tienen desde hace décadas cercenado ese derecho constitucional.
Ahora bien, que Méndez de Vigo mienta de forma tan descarada no borra el fariseísmo de una formación como Ciudadanos, que hace ya mucho tiempo que dejó de defender la libertad de elección de lengua para pasar a defender un sistema de inmersión lingüística en catalán, castellano e inglés que no por trilingüe deja de ser coactivo. Se da la circunstancia, además, de que Ciudadanos es una formación que, al igual que el PP de Rajoy, defiende que las competencias de educación no estén en manos de la Administración central, sino en las de las autonomías.
Al igual que al PP, Ciudadanos excusa su apoyo al estado autonómico docente haciendo uso de una falsedad como la de hacer creer que la Alta Inspección del Estado podría hacer efectivo el derecho de todo español a estudiar en castellano. Lo cierto, sin embargo, es que cuando una Administración autonómica se niega a obedecer el precepto constitucional y las sentencias en defensa del uso del español como lengua vehicular de la enseñanza en toda España sólo cabe hacer tres cosas: procesar por desobediencia a los responsables autonómicos que no cumplen con su obligación; dejar en suspenso la competencia autonómica en educación mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, para que pueda ser la Administración central la que haga efectivo el derecho a estudiar en español, o proponer una reforma constitucional para que sea la Administración central la que tenga asignada la competencia en educación de forma ordinaria.
Al igual que el PP, y en relación a la exclusión del castellano en la enseñanza, Ciudadanos no ha instado nunca procedimiento penal contra ningún responsable autonómico por desobediencia. Además, siempre se ha negado a toda aplicación del 155 que no tuviera por objetivo celebrar, cuanto antes, unas nuevas elecciones autonómicas como las celebradas el pasado mes de diciembre. Con dicha surrealista aplicación del 155 ni se quería ni se podía hacer nada, en este como en otros tantos campos. Menos aun en una competencia como la educación, que había salido del orden constitucional mucho antes de 2012 y cuya recuperación exigiría cuanto menos más de un curso escolar.
Finalmente, tanto Ciudadanos como el PP y el resto de las formaciones con representación en el Congreso se oponen a que el Estado central recupere las competencias en educación.
Cuando Albert Rivera, Toni Cantó o Juan Carlos Girauta denuncian tan acertadamente los desmanes de los nacionalistas en la enseñanza, Ciudadanos podrá parecer una formación similar a los socialdemócratas de UPyD o a los liberalconservadores de Vox. Sin embargo, a la hora de proponer soluciones, prácticamente viene a ser más de lo mismo que el resto de las condescendientes y pusilánimes formaciones constitucionalistas con representación parlamentaria.
Querer que todos los españoles, vivan donde vivan, puedan estudiar en español no es tanto una excentricidad como, lamentablemente, una aspiración extraparlamentaria.