La reestructuración de las Administraciones Públicas es una reforma prioritaria para asentar las bases de la recuperación, no solo económica sino institucional. La reunión que este martes ha mantenido el presidente del Gobierno con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), destinada a buscar una mayor eficiencia en el ámbito local, debería ser, en este sentido, motivo de esperanza.
Lo cierto, sin embargo, es que pocos compromisos han salido de la reunión de marras, como no sea la ya conocida intención de reducir el número de concejales y la homogeneización del sueldo de alcaldes y concejales. Pero hasta este insuficiente recorte ha quedado sin perfilar, puesto que la propuesta inicial de reducir un 30% el número de concejales –recogida en el borrador de la Ley de Gobierno local– ha quedado ahora reducida a mera "estimación orientativa", sujeta a un "proceso de negociación común", al cual tampoco se ha fijado calendario alguno.
Una de las razones fundamentales para que en esta reunión no se hayan abordado proyectos más ambiciosos y concretos, como lo sería una propuesta en firme de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que contemplara la reducción del número de ayuntamientos, su financiación y la clarificación de sus competencias, es que ello obligaría a entrar de lleno en la reforma de nuestro modelo autonómico, habida cuenta de las tan traídas duplicidades. Y esa es una reforma de la que Rajoy parece no querer ni hablar.
No ignoramos lo mucho que las CCAA deben a los entes locales, y no pretendemos sacrificar ayuntamientos y diputaciones en el altar de disgregadoras y manirrotas autonomías. Pero también somos conscientes de que en el ámbito local y provincial se puede y se deben llevar a cabo reformas estructurales que busquen una mayor eficiencia. España, con sus 8.114 municipios, es uno de los países de la UE con mayor número de ayuntamientos. El 60% de ellos tiene 1.000 habitantes o menos, y más de 1.000 siquiera tiene cien vecinos.
Es obvio que la contratación de servicios como la recogida de basuras, el mantenimiento de jardines, el alumbrado, etc., es muy superior en cien municipios de 1.000 habitantes que en uno de 100.000, por lo que la anunciada reducción de mancomunidades y diputaciones, que en muchas ocasiones limitan las ineficiencias de la atomización municipal, debería haber ido de la mano de todo proyecto destinado a reducir el número de ayuntamientos.
Lo que no se puede es racionalizar el funcionamiento y aligerar el peso de las diferentes Administraciones Públicas como si éstas fuesen compartimentos estancos. Y menos aun salvando de la poda un ámbito tan decisivo y responsable de nuestra crisis económica y nacional como es el de las autonomías. Y es que ya es bastante gravoso el peso del actual modelo autonómico como para que encima dificulte la reforma de todo lo demás.