La Comisión Europea ha presentado este miércoles su plan de contingencia en caso de que Rusia decida cortar en los próximos meses el suministro de gas a la Unión Europea. Actualmente, hasta doce países europeos están sufriendo disrupciones en el suministro, ya sea de manera parcial o total, y Bruselas teme que el Kremlin aproveche el próximo invierno para cortar por lo sano como chantaje para que el apoyo europeo a Ucrania se debilite.
Lo que propone Bruselas, básicamente, es que los países europeos reduzcan de manera voluntaria su consumo de gas un 15% desde el 1 de agosto hasta el 31 de marzo del año que viene. Actualmente el almacenamiento de gas en toda la UE está en el 64% de su capacidad y se ha logrado reducir en dos tercios la dependencia de Rusia a base de lograr suministradores alternativos como EE.UU., Noruega, Qatar, Egipto o Azerbaiyán. El nuevo Reglamento propuesto este miércoles también daría a la Comisión la posibilidad de declarar, previa consulta a los Estados miembros, una "Alerta de la Unión" sobre la seguridad del suministro, imponiendo una reducción obligatoria de la demanda de gas a todos los Estados miembros. Así, bastaría con que tres países lo solicitaran para que la Comisión declarara ese estado de alerta y las medidas de racionamiento se tornasen en obligatorias.
Vaya por delante que no consideramos que las medidas de racionamiento sean una solución al problema de la escasez de cualquier bien, incluida la energía. Sin embargo, no por ello vamos a respaldar la irresponsable oposición del Gobierno de Pedro Sánchez a la propuesta de Bruselas, que básicamente consiste en ignorar la existencia del grave problema de escasez al que nos enfrentamos. Y es que, si bien es cierto que la teoría económica y la experiencia histórica nos han demostrado que un sistema libre de precios es una forma más eficaz y fructífera de afrontar la escasez de un bien que hacerlo a través del racionamiento manu militari de los gobiernos, no hay que olvidar que el gobierno español ha sido el principal impulsor de manipular ese sistema de señales de escasez o abundancia relativa de los bienes que son los precios en un sistema de economía libre con propuestas tales como la de "topar" el precio del gas. Lo criticable del Gobierno español, por ello, no es tanto su oposición a la solución que propone Bruselas, como su oposición a admitir la existencia misma del problema. Lo criticable es que la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, tenga la desfachatez de afirmar que nuestro gobierno "llevaba tiempo advirtiendo a Europa —sin éxito— de que tocaba ponerse manos a la obra en ese ámbito", cuando lo cierto es que lo único que ha requerido Sanchez a la UE es que a España y a Portugal se le permitiera aplicar esa artimaña propia de trileros consistente en "topar" los precios, lo que distorsiona tanto su coste como su escasez relativa.
Eso, por no recordar que la extrema dependencia europea respecto del gas ruso es el resultado de nefastas políticas llevadas a cabo durante décadas, como el brutal racionamiento de los cupos de emisión de CO2, el arrinconamiento de la energía nuclear o la negativa a la exploración y explotación de las reservas de gas que pueda haber en Europa a través del demonizado fracking. Costosísimos dislates, todos ellos nacidos de un ecologismo mal entendido que el gobierno de Sanchez y su Ministerio de Transición Ecológica no paran de impulsar. Por si eso fuera poco, España, que hasta hace nada era escasamente dependiente del gas ruso gracias a Argelia, ahora se lanza a comprar gas a Putin como consecuencia del felón e irresponsable cambio de postura de nuestro gobierno respecto del Sahara, lo que ha hecho que Argelia reduzca su suministro a nuestro país a la mitad. Así, mientras el gobierno italiano logra que Argelia le garantice el suministro de gas tras declarar Draghi su "total convergencia" en torno al Sáhara Occidental; o mientras Alemania incrementa sus negociaciones con Arabia y otros países para lograr más envíos de gas el próximo invierno, nuestro gobierno, tras enemistarse con nuestro principal suministrador, se dedica a comprar gas al invasor ruso. Y aun así, se permite decir este miércoles que los "españoles hemos hecho nuestros deberes" en materia energética al tiempo que da lecciones a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre lo que debe ser la "solidaridad" y la "respuesta conjunta" de Europa ante el chantaje al que nos somete Putin.