A Canarias le ha tocado la lotería, pero se niega a cobrar el boleto debido a la profunda demagogia política y económica que, por desgracia, impera en España. El Tribunal Supremo confirmó este martes la legalidad de las prospecciones petrolíferas que autorizó el Gobierno para buscar hidrocarburos en la costa canaria, tras desestimar los recursos planteados por las autoridades de las Islas junto a algunas asociaciones ecologistas e Izquierda Unida. Los nacionalistas de Coalición Canaria, con el presidente autonómico, Paulino Rivero, a la cabeza, han protagonizado en los últimos meses una intensa campaña para rechazar la posible explotación de tal recurso empleando como argumentos falacias y mentiras cuyo único fin es el de confundir a la opinión pública. Y ello pese a que la propia CC defendía años atrás la extracción petrolífera.
El no al petróleo que defienden ahora por igual nacionalistas, ecologistas y comunistas es un despropósito absoluto. Para empezar, el Gobierno canario carece de autoridad legal para prohibir las citadas prospecciones, puesto que el permiso en cuestión es cosa del Estado y éste ya lo ha concedido conforme a la ley, tal y como acaba de ratificar el Supremo. Pero es que, además, los sondeos para evaluar la existencia de reservas a 60 kilómetros de la costa no suponen ningún riesgo para el medioambiente, frente a lo que pregonan sus detractores. La probabilidad de que se produzca un accidente mínimamente reseñable apenas es del 0,003%, según los expertos del Ministerio de Energía. Prueba de ello es que en España se han realizado más de 260 exploraciones similares hasta 2011 y no se ha producido ningún incidente.
De hecho, Noruega, un referente turístico mundial gracias a sus recursos naturales, explota al máximo su potencial petrolífero con numerosas plataformas marítimas, lo que le ha convertido en el mayor proveedor de petróleo y gas de Europa, con grandes beneficios para su población, sin que ello haya perjudicado en modo alguno al turismo. Y lo mismo sucede con EEUU, México o el Caribe, donde las plataformas abundan en perfecta connivencia con la industria turística, lo cual desmonta el absurdo ecoalarmismo.
Lo peor, sin embargo, es que rechazar este tipo de actividades supone despreciar una oportunidad de oro para crear riqueza y empleo en una de las regiones más pobres de España. Canarias registra una de las tasas de paro más elevadas del país, más del 30%. Según las estimaciones que maneja el sector, las aguas de Canarias podrían albergar petróleo por valor de más de 120.000 millones de euros al precio actual de mercado, cifra equivalente a tres veces el PIB canario. La explotación petrolera generaría miles de puestos de trabajo de alto valor añadido en las Islas y una inversión de varios miles de millones de euros, con el consiguiente impacto positivo sobre el conjunto de la economía regional. Eso, por no hablar de los efectos indirectos. Asimismo, cabe recordar que España sufre una enorme dependencia energética, y la explotación del petróleo canario podría satisfacer hasta el 10% del consumo nacional de crudo, según las estimaciones iniciales, lo cual, a su vez, mejoraría de forma muy sustancial la balanza exterior del país.
El no de Canarias al petróleo significa dar la espalda al progreso, el desarrollo y el empleo, al tiempo que se pretende desvirtuar la realidad con fines puramente electoralistas, sin importar lo más mínimo el bienestar del conjunto de la población. Es, simplemente, decir no a la riqueza, lo cual refleja, una vez más, el retrógrado pensamiento nacionalista y ecologista, que siempre deriva en aislamiento, pobreza y retraso.
Por todo esto, Canarias debería dejarse de insensateces y dar un sí rotundo a la prospección y extracción de petróleo.