A la izquierda le parece fatal que expulsen de ARCO una obra de arte titulada Presos políticos donde aparecen fotos de personas encarceladas por delitos más o menos relacionados con su actividad. Alegan que es un ataque a la libertad de expresión. Pero le parece estupendo tipificar como delito cualquier defensa que se haga del franquismo. Es obvio que el autor de la obra retirada debería ser libre de defender la opinión, desde luego equivocada, de que los presos retratados por él son presos políticos. Y claro que tiene esa libertad. Pero siempre que la ejerza con su dinero o el de cualquier otro particular y no en una feria organizada con dinero público. Porque la clave de todo esto está en quién paga la difusión de la opinión. Y ahí es donde no distingue la izquierda, que considera que el dinero público, en el mejor de los casos, no es de nadie (Calvo pixie dixie) y, en el peor, que es suyo.
El Reino de España no reconoce la posibilidad de que, con arreglo a su legislación, haya presos políticos. Por lo tanto, no debería financiarse con dinero público la propagación de la idea de que sí los hay. Ahora, no hay inconveniente en extenderla con medios privados. Ese mismo Reino de España, en cuanto al franquismo, considera responsables de la Guerra Civil a los dos bandos y su régimen se basa en la reconciliación de todos los españoles. Puede defenderse la instauración de uno nuevo que sea heredero directo de la bendita Segunda República. De conseguirlo, será igualmente inadmisible financiar con dinero público la defensa del franquismo o los ataques a la Segunda República. Pero lo que en ningún caso podrá hacerse es, sin convertirnos en una dictadura, tipificar como delito esa defensa o ese ataque que cualquiera tiene derecho a hacer con sus medios.
En realidad, algo de eso ya hay, porque sólo se pagan con cargo al Tesoro las agresiones al franquismo y los muchos cantos que se hacen a la Segunda República. Y desde luego no se gasta un euro público en nada que suponga defender el franquismo, y eso a pesar de que la izquierda está empeñada en conservar una de las muchas lacras antiliberales heredadas de él, como la indemnización por despido en forma de días de salario por año trabajado. El caso de ARCO ha puesto en evidencia cómo la izquierda, con el pretexto de estar defendiendo la libertad, trata de imponer que se financie con el dinero de todos sólo a quienes propaguen sus ideas, crean o no en ellas, mientras se mete en la cárcel a los que no sean de su cuerda. Aspiran los izquierdistas a que les subvencionemos la difusión de sus mentiras y además les paguemos la mordaza con la que nos taparán la boca. Y no está descartado que lo consintamos.