¡Pescad en otro sitio!

Si el territorio es una colonia que se halla bajo administración de un Estado, la "potencia administradora" puede, ciertamente, extraer y comerciar con los recursos, pero bajo ciertas condiciones: la primera, proceder a dicha explotación previa consulta de los representantes del pueblo colonizado; la segunda, que en los beneficios obtenidos debe participar la población del territorio del que se extraen las riquezas.

 

Todo esto es algo que no sólo se deduce del sentido común, sino que constituye el mínimo ético exigible, si no queremos que las relaciones internacionales se conviertan en un caos de inseguridad.

 

 

Cuando se celebra el acuerdo de Madrid de 1975, España se halla bajo la presión de la Marcha Verde. A pesar del apoyo de Kissinger (cuyo "realismo" político puso en bandeja a los jemeres rojos la comisión de un genocidio en Camboya), esa invasión fue condenada por el Consejo de Seguridad. España, incumpliendo sus compromisos, firmó el acuerdo de Madrid, que intentaba que la cualidad de "potencia administradora" –que correspondía a España– fuera transferida a una "administración temporal" (hasta el 28 de febrero de 1976) tripartita formada por España, Marruecos y Mauritania.

 

A esa "administración temporal" se le transfirió la responsabilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación, como recordó la resolución 3458 B de las Naciones Unidas, pero el referéndum no se celebró. Concluido el plazo para el que fue instituida dicha "administración temporal", los tres estados no quisieron celebrar el referéndum. Como consecuencia, el título jurídico para crear esa "administración temporal" caducó.

 

A partir de entonces, Naciones Unidas nunca reconoció a Marruecos como "potencia administradora"; todo lo contrario: calificó su presencia como una "ocupación".

 

A pesar de que Marruecos carecía de títulos jurídicos, desde el primer momento de la invasión se dedicó a explotar los recursos de un territorio que no le pertenecía; en particular, los fosfatos de la mina de Bu Craa y la pesca del riquísimo banco sahariano. Nadie pareció darse por aludido.

 

Marruecos, a fin de conseguir el apoyo de la elite saharaui que había quedado en el territorio y no había huido de la invasión, diseñó una doble estrategia de explotación de los recursos naturales. Mientras los fosfatos eran explotados por la OCP (Oficina Cherifiana de Fosfatos), propiedad del rey, la pesca era explotada por los generales del Ejército marroquí, responsable de la ocupación del Sáhara, y por ciertos notables saharauis, que, previo reconocimiento de privilegios económicos, trataban de garantizar el control de las poblaciones locales.

 

En definitiva, ni para explotar los recursos se consultaba con el Frente Polisario (único representante del pueblo saharaui reconocido por la ONU), ni las poblaciones saharauis se veían beneficiadas de la explotación.

 

 

A partir del año 2001 Rabat sufre varios reveses diplomáticos, que tienen como causa la cuestión de los recursos y que, a su vez, perturbarán la explotación marroquí de las riquezas saharauis. En marzo de 2001 la empresa australiana Woodside descubre petróleo en la costa del país que linda con el sur del Sáhara Occidental: Mauritania.

 

Aunque Mauritania intentó proteger el secreto, la información llegó a Rabat, que a su vez intentó llegar a un acuerdo con Estados Unidos y Francia, para que, a cambio de las concesiones petrolíferas en la costa del Sáhara, apoyaran la anexión del territorio a Marruecos. Esa anexión se intentó formalizar a través del llamado "Proyecto de Acuerdo Marco", o Plan Baker I. Sin embargo, ese proyecto no obtuvo el apoyo de la Asamblea General en Naciones Unidas, en octubre de 2001, por la negativa de España a negar la autodeterminación del Sáhara.

 

Esa postura de Aznar (mucho más que el "referéndum andaluz") fue el verdadero desencadenante de la hostilidad marroquí, que se tradujo en la retirada del embajador ese mismo mes.

 

Por si fuera poco, el 29 de enero de 2002 el secretario general adjunto de Naciones Unidas y asesor jurídico de la organización, Hans Corell, negó que Marruecos fuera la potencia administradora en un importante dictamen y, por tanto, negó que pudiera explotar el petróleo de la zona. Más tarde, en abril de 2002, el Consejo de Seguridad rechazó aprobar el "Proyecto de Acuerdo Marco".

 

En julio de 2003, el Consejo de Seguridad, bajo presidencia española, avala por unanimidad el Plan Baker II como la "solución política óptima" del conflicto.

 

Y, por si fuera poco, es en este contexto cuando, en julio de 2004, Estados Unidos firma un acuerdo de libre cambio con Marruecos. Su representante para el comercio, Robert Zoellick, anuncia en el Congreso norteamericano una declaración interpretativa de EEUU al tratado según la cual éste sólo se aplica a Marruecos en sus fronteras internacionalmente reconocidas y queda excluido el Sáhara Occidental.

 

 

Cuando el Gobierno de Rodríguez Zapatero llega al poder, en 2004, se produce un giro radical de la política exterior española sobre el Sáhara. El Gabinete Rodríguez retira el apoyo al Plan Baker II y provoca la dimisión de Baker, en junio de 2005. El Gobierno Rodríguez va más allá y, por boca de su ministro de Exteriores, Moratinos, se atreve a afirmar lo que ningún (repito, ningún) Gobierno español había afirmado después de la muerte de Franco: que Marruecos es la "potencia administradora" del territorio.

 

El Gobierno español inocula esta idea en la Comisión Europea, que, inducida a error, negocia un acuerdo de pesca con Marruecos que incluye las aguas del Sáhara Occidental. Ese acuerdo es firmado, a pesar de las protestas saharauis, en julio de 2005. Con ello, Madrid trata de favorecer a Rabat ayudándole a recuperar el terreno perdido desde 2001.

 

Lo que no se espera el ministro Moratinos es la reacción de varios países de la Unión Europea. Ante la resistencia de varios estados europeos a convalidar este crimen internacional de "receptación" consistente en pagar por la obtención de un bien (la pesca) a quien no es dueño del mismo, la diplomacia española se activa. El asesor jurídico del Parlamento Europeo (un español) emite un dictamen en el que trata de salvar el acuerdo introduciendo una cláusula que permita compensar económicamente a las poblaciones saharauis, pero ese dictamen parte del presupuesto erróneo de que Marruecos es la "potencia administradora" del territorio.

 

En el colmo del despropósito jurídico, el ponente de la Comisión de Pesca, el eurodiputado del PP Daniel Varela-Suanzes, ignora todas las circunstancias relativas a la obtención de la pesca en un territorio sobre el que Marruecos no tiene título y se queja de que la UE ¡no dé más licencias para expoliar las riquezas saharauis de pulpo! Algo llamativo en un eurodiputado del PP, que con esa conducta no hace sino contradecir toda la política exterior de su partido con respecto al Sáhara Occidental.

 

Para apoyar a los Estados y a los eurodiputados que se niegan a avalar la compra de objetos robados, se ha lanzado la campaña internacional "Fish elsewhere!", o sea, "¡Pescad en otro sitio!". En la pesca se juega el futuro del Sáhara Occidental.