Tras diecisiete cumbres post crisis, la UE ha dado con la solución. Hay que adoptar un tratado más, pero esta vez hay que cumplirlo.
Que el tratado de Merkel sea mejor que el de Maastricht dependerá del respeto al Derecho, entendido demasiado en nuestro entorno como el poder de la burocracia. Un gobierno de leyes y no de hombres es lo que requiere la situación. Diecisiete miembros del euro, más ocho países del resto de la UE firmarán en marzo el compromiso de inscribir en sus constituciones un déficit máximo del 0,5 por ciento. Su violación será sancionada ante el Tribunal de Justicia con multas destinadas a engrosar el fondo de rescate permanente destinado a suceder al actual. Sólo podrán recibir sus ayudas quienes firmen el nuevo tratado, que fija el ritmo de reducción de la deuda acumulada de quienes superen el 60 por ciento. Mucha suerte con ello, especialmente si no acaba de cuajar la renegociación de la deuda griega o las elecciones francesas se tuercen.
Casualmente estas esperanzadoras circunstancias han coincidido con la revisión anual de la oficina parlamentaria del presupuesto americana. Durante la era Obama el déficit anual de los primeros tres años, y el previsto para el que viene, ascienden prácticamente al PIB entero de España durante un año. Un billón de dólares. La diferencia de Obama con sus colegas del gasto como panacea en Europa es que este podrá ser criticado por el resultado, pero no por vulnerar norma alguna.
Moraleja: al menos, los europeos reconocen el problema, mientras Obama sigue a su aire.
Hasta ahí bien, pues los árboles del acontecer comunitario no nos dejan ver el bosque de que la tendencia es correcta. Pero aún quedan dos obstáculos por sortear, el del crecimiento, base única de la recuperación, y la espada de Damocles política pues si la reelección de Sarkozy pende de un hilo muy fino, también se presenta Merkel a las urnas en 2013.
Respecto a lo primero, el Banco Mundial, en un informe que confirma las investigaciones hechas por Afonso y Furceri por cuenta del BCE sobre el efecto negativo del peso del Estado en el crecimiento, advierte que el problema de fondo procede del número de horas trabajadas -sorprenderá leer que en 1970 los franceses eran los que más sumaban- y el envejecimiento de la población que incrementa el coste de sanidad y pensiones. La conclusión es que quienes sacrifican demasiada libertad económica a cambio de seguridad social acaban por no tener ninguna.
Nada nos gustaría más que creer que esta vez sí, los pactos firmados por los europeos están para cumplirse, porque la contención presupuestaria es condición necesaria para revitalizar el crecimiento. Pero Europa, y Estados Unidos, necesitan además convencerse de que este requiere menor intervención pública en la economía. No parece que sustituir a los actuales gobiernos alemán y francés por socialistas pueda mejorar las cosas. El tratado está bien, ahora solo falta demostrar la voluntad de cumplirlo adoptando políticas de crecimiento viables.