No se qué me resulta más lamentable: que Rajoy y Rivera coincidan en que todo –excepto la corrupción– va bien o que sus desencuentros en materia de lucha contra la corrupción – corrupción que hunde sus raíces en cosas tales como la falta de leal competencia y de transparencia en la adjudicación de obras y servicios, en la falta de división de poderes o en un colosal intervencionismo que aboca al mandatario a un sinfín de tentaciones– se limite, sin embargo, a cuestiones menores, como la limitación de los mandatos, la erradicación de los aforados, la comisión de investigación de la financiación del PP o la continuidad de Pedro Antonio Sánchez en la presidencia del Gobierno de Murcia.
Que conste que no me parece mal que se limiten los mandatos, como tampoco me lo parece la supresión del aforamiento, siempre y cuando conseguir que alguien sea investigado por cualquier instancia judicial no implique –siempre de manera automática y sin excepción– que ese alguien tenga que abandonar su cargo público. Más surrealista me parece, sin embargo, que Ciudadanos, PSOE y Podemos pidan una comisión de investigación de la financiación del PP pero se nieguen –tal y como reclama este último partido– a que la investigación se amplíe a la financiación de todos; tan surrealista como que Ciudadanos censure que el PP espere a pedir el cese del presidente de Murcia a que éste sea encausado, tal y como hace Ciudadanos con el también investigado alcalde de Granada y tal y como Rajoy y Rivera pactaron en el acuerdo de investidura del primero.
Con todo, la cuestión de la limitación de los mandatos, de los aforados, de las circenses comisiones parlamentarias de investigación o del momento procesal de cuándo deben exigirse responsabilidades políticas una vez desaparecida la figura del imputado me parece, en el mejor de los casos, un ejercicio de regeneración meramente cosmético.
Y aunque no lo fuera, la corrupción, por grave que sea, no puede ocultar las muchas cosas que van mal o rematadamente mal en España, como son nuestro insostenible y disfuncional modelo autonómico, nuestro sistemático incumplimiento del tope de déficit, nuestro histórico endeudamiento público, nuestra voraz y contraproducente presión fiscal, el galopante desafío secesionista en Cataluña, la lentitud –además de la ya citada politización– de la Justicia, la persistente debilidad de derechos fundamentales como los derechos a la propiedad, a la libertad y, en el caso del aborto, a la vida; o la persistente escisión de la España seca de la España húmeda.
Tal vez estas cosas, y muchas otras de gran importancia, como el derecho de todo español a la enseñanza en castellano, ya no les preocupen al PP y a Ciudadanos, tal y como sucede con el resto de formaciones parlamentarias y, por extensión, los medios de comunicación, cada vez en mayor medida. Pero si preocupante me resulta ver en qué cosas discrepan PP y Ciudadanos en torno a la lucha contra la corrupción, más me preocupa las coincidencia de ambos en todo lo demás.
Me imagino que algo parecido les pasará a todos los partidarios de una política auténticamente liberal y reformista, comprometida con la nación como ámbito jurídico y similar a la que en su día permitió a José María Aznar decir, con mucha mayor justificación con la que Rajoy podría decirlo ahora, aquello de: "España va bien".