Comencemos por distinguir entre recesión productiva, por un lado, y crisis financiera, por otro. Están ligadas desde su inicio, pero conviene recordar que la primera pertenece a la economía real y la segunda afecta al ámbito monetario. Ello no quiere decir que la actividad financiera no sea un factor de producción, y que únicamente lo tangible e industrial sea fuente de riqueza; sólo que el dinero y el crédito son campos de actuación sometidos a leyes distintas de las que gobiernan la producción de los bienes y servicios que finalmente consumimos. El dinero es una representación de los bienes y servicios reales, y el fin de los emisores que lo crean es que haya suficiente cantidad de él, pero no sobreabundancia, para que el sistema de precios no se deforme con la inflación.
En este momento de angustia, nunca debemos olvidar que la mayor abundancia de lo que está a nuestra disposición para el consumo (pues, como dijo Adam Smith, el consumo es el objeto o fin de toda producción) no se consigue expandiendo sin tasa los medios de pago, sino mediante la mejora de los métodos de producción, los avances de la tecnología, la mayor laboriosidad de la población, las instituciones de respeto de las libertades, la propiedad privada, los contratos.
La presente crisis se originó, en la medida en que podamos decirlo, en veinte años de excesivo abaratamiento del crédito, abaratamiento traído por Alan Greenspan, presidente de una institución pública, la Reserva Federal. La superabundancia de financiación hinchó los valores en dos mercados, el inmobiliario y el bursátil. En materia de hipotecas, fueron otra vez dos instituciones públicas las que propiciaron el exceso, Fannie Mae y Freddy Mac, que al fin y a la postre han tenido que ser nacionalizadas por el Tesoro americano. La bolsa, sin embargo, multiplicó casi hasta el infinito la inventiva aventurera de bancos y de operadores muchas veces sin escrúpulos. Una vez que los valores de los activos suben tanto que el rédito esperado cae hasta mínimos inaceptables, los precios y las cotizaciones se desploman sin remedio.
Las medidas tomadas por las autoridades del mundo han sido dirigidas hasta el momento hacia el ámbito financiero. La experiencia de lo ocurrido entre 1929 y 1932, años en que quebró gran número de bancos, ha grabado en la conciencia de todos los banqueros centrales la obligación de evitar casi por cualquier medio que la gente vea desaparecer sus depósitos, que, después de todo, son dinero: a principios de la década de los 30, en sólo once meses la oferta monetaria se redujo en EEUU en algo más de un cuarto, lo que multiplicó catastróficamente los efectos de la crisis real, arrastrada desde 1928. En esta ocasión, no sólo han actuado como prestamistas de última instancia los bancos centrales, también los ministerios de Hacienda y las tesorerías de los Estados, para lo que había algún precedente en las intervenciones del Estado sueco en la década de 1980 y del Gobierno del Japón en la de 1990. Además, las acciones de salvamento, tradicionalmente dirigidas a los bancos comerciales, se han ampliado a muchos otros intermediarios financieros, como los bancos de negocios y las aseguradoras. Como digo, el objeto de tan extraordinarias intervenciones ha sido y es evitar que una contracción o recesión de la producción real se convierta en una depresión al estilo de la que duró de 1930 a 1940, los diez años perdidos de la economía mundial antes de la Segunda Guerra.
Parece natural que ahora se plantee la conveniencia e incluso la necesidad de tomar medidas para "salvar" la economía real, de la misma manera que se ha hecho con la financiera. Se entiende que esos salvamentos, en especial los que toman la forma de inversiones del Estado en el capital de las compañías rescatadas del abismo, no tienen por objeto evitar pérdidas a los accionistas y mantener el empleo de los directivos: ambos grupos lo pierden todo o casi todo cuando el público se convierte en dueño temporal de sus compañías. Se espera también que el Estado recupere su inversión una vez que pase la crisis y puedan revenderse los entes nacionalizados. Pero incluso aplicando ese mismo criterio a posibles inversiones reales, ¿es buena idea que el Estado, tras evitar las quiebras financieras, pase ahora a salvar a constructores o a fabricantes de automóviles? Más generalmente, ¿deben los Gobiernos poner en marcha planes de obras públicas financiados con deuda, como piden ahora tantos keynesianos redivivos?
No hay ninguna seguridad de que las subvenciones a empresas productivas en dificultades sirvan para dar a la economía el estímulo que tanto desean los políticos y ciertos grupos de presión. Como Obama ha sido senador por Chicago y vive en la región del norte de EEUU, tradicionalmente dedicada a la producción de vehículos, y como los demócratas pro sindicalistas han ganado las elecciones, parece inevitable una acción de salvamento de Detroit, como la que benefició a Chrysler en 1989. Dinero tirado a la basura. Pero ¿obras públicas y deuda? La experiencia de Japón durante la "década perdida" de 1980 aconseja lo contrario: de 1991 a 2002, la deuda pública japonesa pasó de equivaler un 60% del PIB a un 125%; y un superávit público equivalente al 3% se convirtió en un déficit del 7%. Las obras públicas se multiplicaron hasta la inutilidad. Nada sirvió para sacar la economía de la parálisis; hasta que el Gobierno del Sr. Koizumi comenzó a reestructurar y a multiplicar la competencia.
Meditemos si nuestro final no se encuentra en la zanja de los ciegos.
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