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ECONOMÍA

Pepinazo contra el contribuyente

Seamos políticamente incorrectos y ganémonos unos cuantos enemigos. ¿Deben los contribuyentes europeos compensar a los agricultores españoles por las pérdidas millonarias que han padecido a cuenta de las injustas acusaciones de una política alemana? "No", responderé, por mucho que algunos piensen que estoy tirando piedras contra nuestros agricultores o contra nuestro país.

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¿Cuál es la base del argumento que justifica que los contribuyentes de toda Europa, unos personas que ni han pinchado ni han cortado en la gestación de esas pérdidas de los agricultores españoles, tengan, en última instancia, que pagar los destrozos causados por un tercero –una tercera, en este caso–? Como es obvio, la defensa de la indemnización no puede ser tan simple como propugnar que todo aquel individuo que experimente pérdidas reciba una compensación pública, pues en tal caso los errores empresariales se verían perpetuados a costa de los aciertos.

Tampoco resulta muy razonable argumentar que, como ha sido un político el responsable de las pérdidas, debe ser el sistema quien se encargue del resarcimiento. El sistema carece de recursos propios, de modo que los paganinis al final serían los contribuyentes. Ni siquiera resultaría razonable que fueran los contribuyentes alemanes quienes sufragaran las indemnizaciones, pues la pifia fue de una consejera de Hamburgo a la que ni mucho menos todos los teutones han votado. ¡Ay si los españoles tuviéramos que responder por las declaraciones de nuestros Montilla, Camps, Carod-Rovira, Ibarretxe! Si acaso, cabría defender que los votantes de la susodicha se hicieran cargo de las pérdidas, aunque tal propósito se topa con la inexistencia de listas públicas que liguen al elector con su representante.

Así pues, la única justificación que cabría buscar para la indemnización pública es la de que los Estados, a modo de seguros sociales, deben hacerse cargo de los quebrantos que no sean responsabilidad directa de los damnificados: sequías, inundaciones, terremotos, incendios y, también, políticos bocazas.

El problema de este razonamiento ­–que podría encontrar sus fundamentos en las teorías de autores tan liberales como Hayek­– es múltiple. El más inmediato es que la línea divisoria entre pérdidas que son responsabilidad directa del damnificado y pérdidas que no lo son es bastante difusa: una persona que adquiere un inmueble en Tokio, ¿tiene que cargar con los desperfectos que provoque en éste un terremoto? Un empresario que decide fabricar muebles en plena burbuja inmobiliaria, ¿es responsable de su infortunio una vez se agote el crédito artificial? Un agricultor que opta por seguir siéndolo en unos países tan sumamente politizados como los de la Zona Euro, ¿es responsable de los perjuicios que los políticos le causen?

Probablemente haya sobrados motivos para decir que no. Sea como fuere, el argumento es reversible. Si las personas no son responsables de las pérdidas que escapan a su control directo, ¿deberían lucrarse con los beneficios extraordinarios que no dependan de sus decisiones empresariales? La única respuesta coherente es no.

Tengamos presente que este supuesto es muy amplio: ¿qué debería suceder si una escasez sobrevenida de pepinos chinos (el 75% del total mundial) eleva el precio de los pepinos españoles y, consecuentemente, genera suculentas ganancias a los productores  de estos últimos? ¿Qué decisión política habría que adoptar en caso de que una nueva dieta basada en el pepino elevara exponencialmente la demanda del mismo? ¿Habría que forzar a los agricultores españoles a que devolvieran a la comunidad sus beneficios extraordinarios? Me parecería una aberración. Sea como fuere, no es coherente defender que las pérdidas derivadas de las fobias irracionales se socialicen y las ganancias ocasionadas por filias alocadas no.

Por encima de todo, creo que existe un motivo fundamental para rechazar el argumento de que el Estado se convierta en una suerte de Gran Asegurador. El mercado es lo suficientemente flexible como para permitir el desarrollo de instrumentos que permitan a las empresas y a los particulares protegerse de todas estas contingencias: ahí están, por ejemplo, los seguros agrarios o los contratos de futuros. El hecho de que no se hayan extendido a un ámbito económico concreto (como los pepinos españoles) no justifica que haya que prescindir del mercado. En ocasiones, para que el uso de herramientas así comience a extenderse es necesario que aparezcan circunstancias nuevas que, a su vez, provoquen nuevas respuestas empresariales. La rareza, la falta de recurrencia de las contingencias trabaja en contra de la emergencia de una infraestructura protectora. De todas formas, la intervención pública redistribuidora sobra: bien porque frena el desarrollo empresarial, bien porque son los propios agricultores quienes, en última instancia, deciden prescindir del aseguramiento de sus productos.

Por mucho que nos molesten la ligereza teutona y las pérdidas que ésta ha ocasionado a los agricultores españoles, me temo que la respuesta no debería pasar por expoliar a unos inocentes (los contribuyentes europeos), sino, en todo caso, por exigir daños y perjuicios a la consejera hamburguesa. Los agricultores no tendrán la menor responsabilidad en lo ocurrido, pero qué decir de los contribuyentes, y sería tremendamente injusto hacerles pagar los platos rotos.

 

JUAN RAMÓN RALLO, jefe de Opinión de LIBERTAD DIGITAL.

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