Sin embargo, un reciente informe del Instituto por los Valores Americanos (Institute for American Values, IAV) demuestra que estas decisiones aparentemente privadas pueden tener serios y caros costes para los contribuyentes. El estudio estima que para los contribuyentes, los costes del divorcio y de la maternidad fuera del matrimonio ascienden a por lo menos 112.000 millones de dólares anuales, lo que suma más de un billón de dólares a lo largo de una década.
Detrás de estos cálculos está la premisa de que criar niños fuera del matrimonio incrementa el riesgo de daño significativo para los niños, incluyendo problemas académicos, médicos y psicológicos. Los niños sin una figura paterna corren el riesgo de caer en la delincuencia juvenil y el comportamiento criminal. Las niñas sin padre se enfrentan a un incremento en el riesgo de actividad sexual temprana y todos los problemas asociados a ésta: embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual, estrés psicológico y tener niños que terminan en el sistema de subvención pública de menores. Por decirlo de una manera más positiva, la unión matrimonial es un factor de protección contra ese arsenal de problemas.
Algunos de estos problemas, aunque no todos, se asocian a la pobreza. Las madres solteras tienen más probabilidades de ser pobres y la gente pobre tiene mayores probabilidades de tener problemas académicos, médicos y psicológicos. Los investigadores de IAV calcularon el coste del divorcio y de la maternidad fuera del matrimonio para los contribuyentes mirando los costes de los programas contra la pobreza, que incluyen la ayuda temporal para la familia necesitada (TANF), los cupones de alimentos, el subsidio a la vivienda, el seguro médico para la gente de bajos recursos (Medicaid), el seguro médico infantil estatal (SCHIP), programas de bienestar infantil, el programa para mujeres, bebés y niños (WIC), el programa para preescolares Head Start y el programa para dar desayuno y almuerzo escolar. También tuvieron en cuenta los costes infligidos al sistema de justicia penal.
Asumen de forma razonable que el matrimonio podría sacar de la pobreza al 60% de hogares monoparentales donde la mujer es cabeza de familia. También calculan la cantidad que podría dejar de gastar el Gobierno en una variedad de programas específicos contra la pobreza a nivel estatal y federal. Así fue cómo llegaron a un coste total de 112.000 millones anuales, una suma que equivale al PIB de Nueva Zelanda.
De todo este dinero, 70.100 millones de dólares son costes para el Gobierno federal. Para poner este número en perspectiva, en 2007 el Gobierno federal gastó aproximadamente esa cantidad (72.000 millones) en el Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra y sólo un poco más (88.000 millones) en agricultura. El Departamento de Educación gastó un poco menos llegando a los 68.000 millones. Y el coste de 70.000 millones por la fragmentación de la familia hace que el gasto de 50.000 millones del Departamento de Seguridad Nacional parezca poca cosa.
Los contribuyentes pagan 33.300 millones a nivel estatal y 8.500 millones a nivel local para abordar los problemas causados por las rupturas familiares. No es de sorprender que los californianos sean los que sufren los mayores costes. Este populoso estado que fue el pionero de la revolución sexual y ahora tiene que hacer frente a un déficit presupuestario de alrededor de 12.000 millones de dólares. El coste de la fragmentación de la familia en California asciende a un tercio del déficit presupuestario del estado. El gobernador Arnold Schwarzenegger está proponiendo una reducción del gasto en educación de 4.400 millones con el despido de 14.000 profesores. El IAV estima que la fragmentación de la familia cuesta al estado de California un mínimo de 4.800 millones de dólares al año, casi lo mismo que los recortes presupuestarios en educación.
Algunos partidarios del libre mercado y del gobierno limitado son cuidadosos a la hora de expresar cualquier preferencia en asuntos de política familiar. La idea que el matrimonio deba ser el contexto apropiado para criar niños les parece la imposición arbitraria de un código moral sobre otros. Aplauden la eficacia del libre mercado, pero son renuentes a "privilegiar" al matrimonio sobre otro tipo de hogares como el entorno previsto para la crianza infantil.
Otros defensores del mercado sitúan al mercado dentro de un contexto más amplio de libertad y dignidad humanas. La economía libre es sólo un aspecto dentro de una visión más completa de la sociedad que acentúa la prioridad de la cultura sobre el Estado. Sostienen que creer que el tipo de familia no es nada más que una opción personal es aplicar equivocadamente las ideas de mercado y el consumo sobre la familia. Nuestras decisiones privadas pueden tener costes significativos para quienes nos rodean, incluyendo a los contribuyentes.
Desde que escribí Love and Economics, he estado intentando convencer a economistas, liberales y conservadores fiscales de que la familia es un asunto fiscal. Ahora que el Instituto por los Valores Americanos lo ha documentado punto por punto, estado por estado, será mucho más difícil evitar llegar a la conclusión de que los asuntos familiares en realidad son asuntos fiscales.
Jennifer Roback Morse es investigadora especialista en Economía del Instituto Acton para el Estudio de la Religión y la Libertad.
*Traducido por Miryam Lindberg del original en inglés.