El desastre ecológico provocado por el buque pirata "Prestige" ha llegado ya, como era previsible, al terreno político cotidiano. Esta semana, que ahora iniciamos, se presenta como el verdadero centro de atención en el "toma y daca" entre Partido Popular y Partido Socialista. Los dos principales partidos nos muestran, una vez más, con un caso de esta envergadura sus evidentes deficiencias a la hora de hacer política.
Por un lado, los socialistas ya han anunciado una ofensiva en toda la regla contra el Gobierno del PP. Moción de censura contra Manuel Fraga, recusación de varios ministros del Gobierno central y batería de preguntas en la sesión de control al Gobierno son algunas de las medidas anunciadas por el Partido Socialista, que advierte una nueva ocasión para desgastar al PP. Esa es sólo la apariencia, puesto que el PSOE, que vuelve a actuar al dictado de los impulsos de Prisa, debería tener aún frescos los fracasos estrepitosos cosechados en otras historias recientes. Se trata de ofensivas que, estratégicamente, fueron vitoreadas como banderas de la oposición que, poco después tuvieron que arriar a toda prisa. Y esta vez, el PSOE vuelve a tropezar en la misma piedra. Los socialistas, que han desaprovechado asuntos como las "vacas locas" o el caso "Gecartera" por su incapacidad de hacer una oposición libre de las ataduras y de los intereses de PRISA, parece que no han aprendido la lección. En esta ocasión, se vuelven a poner a rueda de los medios de comunicación de siempre. Unas formas que les colocan más cerca de los intereses del Grupo de Polanco que de los intereses de los ciudadanos; y que les conducirá de forma irremediable al fracaso.
Mientras tanto, el Gobierno intenta defenderse como puede. Otra vez más, y ya hemos perdido la cuenta, el Ejecutivo del PP ha vuelto a fallar. Han vuelto a hacer gala de los errores de siempre: la falta de coordinación y la mala política de comunicación. Es verdad que decisiones "económicas" para paliar el desastre, tomadas en la mesa del Consejo de Ministros, no han faltado. Pero hacer política no se reduce exclusivamente a inyectar dinero allá donde se necesite. Ha faltado presteza en la gestión de la crisis y no ha habido unidad de criterios en la actuación. Una vez más, el Gobierno ha adolecido de la coordinación que genera eficacia.
Y lo peor de todo: lo verdaderamente preocupante es que, ni unos ni otros, han afrontado la cuestión de fondo que va más allá de nuestras fronteras. Gobierno y socialistas siguen sin situar el centro de sus respuestas en el verdadero problema: Gibraltar. Un lugar de privilegio para mafias, para el blanqueo de dinero y para toda la actividad que signifique ilegalidad. Pero ¡ojo!, hablar de Gibraltar es hablar del Reino Unido y del consentimiento que desde Londres se ofrece a toda esta actividad. Parece que ni Aznar, ni Zapatero quieren problemas con su amigo o colega Tony Blair; quizá por ello no airen el fondo de la cuestión.
Sería necesario que más alla de las cartas protocolarias a la Comisión Europea, el presidente del Gobierno fragüe un claro mensaje a nuestros socios comunitarios para que se acabe con la "excepción Gibraltar" en una Europa que dice mirar hacia el futuro en paz y en libertad. Unas palabras bonitas que nada tienen que ver con la realidad consentida: ¡Gibraltar es un paraíso de mafia e ilegalidad en la Europa del siglo XXI! Y, por el momento, nadie quiere terminar con esa situación.
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