Cuando estamos a pocos días de cumplir ocho meses desde el inicio del alto el fuego de ETA, el escepticismo ha alcanzado incluso a aquellos que lo celebraron emitiendo las primeras campanadas del proceso en su televisión pública. Ya incluso en las órbitas del Gobierno este proceso –que es un claro proceso de rendición– se comienza, en ocasiones, a no denominarlo como de "paz". Cada vez es más utilizado el simple término de "proceso"; el subconsciente le puede a quienes están colaborando estrechamente en la indigna venta de la libertad de todos los españoles, comerciada al por menor por Zapatero.
No hay un día que pase en que Zapatero no nos deje alguna que otra perla sobre –sigamos la moda– el "proceso". Aunque carezca de claridad y coherencia en lo formal, sobre el fondo no hay dudas de ningún tipo: está cediendo sin rechistar a todas las exigencias de ETA. Son tantas cosas las que han sucedido durante este tiempo que ya nadie cuestiona que el Gobierno, con los socialistas vascos como intermediarios, esté negociando con ETA lo que ningún Gobierno digno de tal nombre debería negociar jamás, y menos con una banda de asesinos.
Se acaba de saber de la existencia de unas actas que recogen las reuniones de los socialistas con los terroristas, en las que se habría negociado sobre el referéndum de autodeterminación y Navarra. Son una prueba más de la rendición a la que este Gobierno está dispuesto a someter a España, pero ciertamente la actitud política del PSOE llevaba mucho tiempo anunciando lo mismo. El Ejecutivo permanece indolente ante las continuas pruebas de actividad de la banda y siempre complaciente con las exigencias de los terroristas; pero lo más preocupante es el acoso sistemático a la justicia.
Los silencios del Gobierno ante las amenazas de los terroristas y sus portavoces por las condenas, las advertencias de Zapatero sobre las sentencias que pueden perturbar el "proceso", las actuaciones furibundas del Fiscal General del Estado ante la aparición de jueces y fiscales que siguen tratando a los terroristas como tales, la propaganda oficial del Gobierno para hacernos creer que De Juana y Otegi son hombres de paz, las descalificaciones desde el Ejecutivo a aquellos magistrados que aún aplican la doctrina legal sobre el terrorismo, el fomento de un estado de opinión en que aquellos que sólo piden justicia contra los terroristas son "derecha extrema" o la orden del Gobierno de no "molestar" judicialmente a los etarras son algunas de las pruebas contundentes de que Zapatero y los suyos sólo se preocupan de dos cosas: mimar a los terroristas y atacar a quienes sólo buscan la defensa de la libertad.
Pero, por encima de todo, la actitud acobardada del Ejecutivo ante las amenazas de ETA y todo su entramado es la señal más claro de que está entregado a las exigencias terroristas, noqueado por sus propios errores y atado por sus cobardías. Un Gobierno incapaz de responder a Otegi y sus amenazas, ¿hasta dónde podría llegar con los terroristas? Pues a donde algunos supusimos desde el principio. A la rendición.