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Un acuerdo roto

Es la historia de una deslealtad repetida cada día durante 35 años seguidos. Ahora ponen encima de la mesa un nuevo ultimátum.

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Durante casi cuarenta años los españoles han creído que aceptar un mayor grado de autonomía de Cataluña serviría para poner fin a las reivindicaciones de los independentistas. Cada acuerdo de ampliación del autogobierno catalán ha sido sistemática e inmediatamente traicionado por los nacionalistas, que lo han tomado siempre como punto de partida para la siguiente reivindicación. Los separatistas están arrastrando ya a toda España al final de su escapada. Conviene recordar lo que ya sabemos que no funciona: transigir y pactar nuevas cesiones.

Al redactar la Constitución se dijo que la concesión de autonomía era necesaria para calmar lo que de otro modo podría convertirse en independentismo. Expresamente se aceptó que el artículo 2 utilizara el término "nacionalidades", porque de ese modo los nacionalistas se sentirían satisfechos. No fue así. Sucedió todo lo contrario.

Que los tres poderes del Estado consintieran la política de inmersión lingüística – de prohibición de la libertad de elegir la lengua que cada uno prefiere hablar, habría que decir- también fue justificado como condición necesaria y suficiente para que del nacionalismo no se diera el salto al independentismo. Tampoco fue así.

Cuando hace catorce años se completaron todas las transferencias previstas en la Constitución y se aprobó por consenso un modelo de financiación que dio una amplia capacidad financiera a la Generalidad de Cataluña, también se creía que de ese modo se cerraba el paso al independentismo. Y sucedió exactamente lo contrario. Pujol, activo en el frente político tanto como en el de acumular millones de euros, declaró reiniciada la escalada reivindicativa aludiendo a una "inquietud" difusa, a pesar de reconocer que el proceso autonómico había sido íntegramente completado.

Después vino el paso que jamás debió darse: el nuevo Estatuto de Cataluña del 2006. Quienes dijimos que no en aquella votación en voz alta en el Congreso de los Diputados sabíamos que era mentira lo que Zapatero y los nacionalistas nos decían: que con ese nuevo Estatuto desaparecería el impulso independentista en Cataluña. No fue la sentencia del Constitucional lo que propulsó el separatismo. Eso vino después. Había sido el propio Estatuto el que, desde su misma aprobación en referéndum –muy menguada, recordémoslo-, había sido interpretado por los nacionalistas como un trampolín para lanzarse de nuevo hacia la ruptura ya definitiva con España.

Es la historia de una deslealtad repetida cada día durante 35 años seguidos. Ahora ponen encima de la mesa un nuevo ultimátum. No tendría justificación repetir el mismo error de siempre: hacer nuevas concesiones para calmar al independentismo. Una inmensa mayoría de españoles aceptó un grado de autonomía con el que no se estaba inicialmente de acuerdo, a cambio de mantener la unidad de España. Si se da por liquidada la segunda parte del trato también debería considerarse extinta la primera.

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