Contra el chantaje, firmeza

La huelga general convocada por los sindicatos UGT y CCOO y la reacción del Gobierno, aprobando la reforma del desempleo por decreto-ley, sigue siendo el eje principal de la actualidad informativa, así como de los comentarios editoriales. ABC publica una entrevista con Rodrigo Rato, y La Razón publica otra a Javier Arenas. Otros temas destacados son las elecciones presidenciales en Colombia y el riesgo de guerra abierta entre Pakistán y la India por el control de Cachemira.

El Mundo destaca la irritación que Aznar demostró en la celebración del sexenio de gobierno popular. La explicación, según este diario, está en “la ruptura de la paz social”, que “viene así a sumarse al enconamiento del conflicto vasco”. Considera El Mundo que “Aznar rozó la exageración cuando acusó a los líderes de PSOE de intentar ‘rescatar fuera de las urnas lo que los españoles les negaron democráticamente en ellas’”, aunque a renglón seguido reproche a Zapatero —por motivos estratégicos sólamente—, así como también a Chaves, que jaleen a los sindicatos en una huelga que “no es respaldada por la opinión pública”. Si bien es cierto que el jefe de un Gobierno no debe jamás mostrar destemplanza, no es menos cierto que, ante el chantaje antidemocrático, debe exhibir la máxima firmeza, tanto en la denuncia como en las medidas —siempre dentro de la legalidad— que adopte para combatirlo. El Mundo propone a Aznar elegir otra ciudad española para la cumbre europea que se celebrará el 21 de junio, “si alberga la duda de que las autoridades socialistas autonómicas y municipales se vayan a comportar como un piquete informativo al servicio de éxito de la huelga”. No parece mal consejo a primera vista. Sin embargo, fijar otra sede distinta equivaldría a rentabilizar en cierto modo el chantaje sindical y la irresponsabilidad política de los líderes de PSOE. Para contrarrestar la hipotética pasividad de las autoridades andaluzas está el Delegado del Gobierno en Andalucía, quien debería ir preparando un despliegue policial, de acuerdo con Mariano Rajoy, que permita a los ciudadanos que lo deseen ejercer su derecho a no secundar la huelga.

Pedro J. Ramírez aborda también el asunto en su Carta del director, donde recuerda la famosa frase de Felipe González en que decía que Aznar terminaría siendo el hazmerreír de Europa. Como ha resultado ser más bien lo contrario, y por la “osadía” de Aznar al elegir Sevilla, la patria chica de González, éste no ha querido que su ninguneado rival se vaya “de rositas”. Dice con todo acierto Pedro J. que “por mucho que se trate de caldear artificialmente el ambiente, la huelga general sólo tendrá éxito en la medida en que se recurra a la coacción y se atice la violencia”. Como colofón, Pedro J. advierte a nuestros líderes sindicales que “vuelve el Celtiberia Show, el desmadre nacional, efectivamente: la ‘España Cañí. Pero la pandereta, apreciado doctor Fidalgo, atolondrado Cándido Méndez, la pandereta sois vosotros. Y lo que de verdad siento es que a quien más vais a dañar no es al presidente del Gobierno, sino al renovador líder del PSOE que vuestros mentores han logrado, al fin, atrapar como rehén”.

La Razón, por su parte, suscribe las tesis del Gobierno. Publica una entrevista con Javier Arenas, quien ve “la mano del PSOE” detrás de la huelga. Asimismo, comparte el juicio de Aznar sobre la frustración de la oposición como motivo de fondo de la huelga. Este diario, con todo acierto, lanza al aire la siguiente pregunta: “Se ha discutido la capacidad de Aznar para hacer un decretazo. ¿Alguien ha discutido la legitimidad de hacer un huelgazo, una convocatoria desmesurada y descontextualizada, demostrativa de una crispación social que es inexistente, aunque algunos quieran crearla? (...) Ante una ofensiva política, es posible una contraofensiva política (...) que recuerden —los sindicatos— que para cambiar los gobiernos están las urnas”. Esta es, precisamente, la cuestión. Tan sólo habría que añadir que detrás del PSOE y de Zapatero está el rencor de Felipe González, quien después de seis años todavía no ha podido asimilar ni su derrota electoral ni tampoco los aciertos de Aznar en el Gobierno. Sólo le queda el consuelo de que Aznar no se vaya de “rositas”.

La Vanguardia, aun a pesar de que, en lo sustancial, aprueba la reforma del Gobierno y culpa a los sindicatos de romper la “paz social”, critica el recurso al decreto-ley para aprobar la norma reguladora del subsidio de desempleo con el argumento de que no “parece ser” la medida “más adecuada para enfriar los ánimos. Tiene, además el riesgo de alimentar de munición a quienes se sienten frustrados por el papel de la oposición socialista en el hemiciclo (...) podría conferir a la jornada de huelga general el valor tácito de referéndum sobre la gestión gubernamental del PP. Lo que buscaban los sindicatos con la convocatoria y a lo que el presidente Aznar no demuestra tener miedo alguno”. Es cierto que estos riesgos existen, pero el recurso al decreto-ley tiene la gran ventaja de ser el instrumento más eficaz para demostrar a los sindicatos y a la oposición que un gobierno elegido democráticamente no cederá a ningún tipo de chantaje.

El País ya se pronunció ayer sobre la cuestión de la huelga y el decretazo, en casi total alineamiento con las tesis sindicales, aduciendo la falta de “extraordinaria y urgente necesidad” que la Constitución prevé para el recurso al decreto-ley cuando “el INEM presenta un superávit de casi 3.000 millones de euros, que el equipo económico está utilizando para cuadrar las cuentas del Estado en un dudoso ejercicio de contabilidad creativa. Tan sólo, y de forma retórica, aludió a la necesidad de “garantizar a los ciudadanos que —los sindicatos— no convertirán esa acción legítima en un ejercicio de coacción sobre aquellos que quieran ejercer el 20 de junio su derecho a trabajar, igualmente constitucional”. Dejando aparte la cuestión del superávit del INEM —que habrá que aplicar a la financiación de las prestaciones cuando vengan las vacas flacas”, hay que recordarle a El País que la convocatoria de una huelga general política, donde los “piquetes informativos” intentarán campar por sus respetos, es motivo suficiente para que un Gobierno —que ha demostrado sobradamente voluntad negociadora tanto en este caso como a lo largo de toda su trayectoria en el poder— tome medidas extraordinarias para asegurar que la voluntad popular, expresada en las urnas, no se vea coartada por grupos de presión que intentan imponer sus intereses al margen de ellas.