Hoy publica el periódico ABC una noticia sobre las conversaciones al parecer grabadas al cantante Ramoncín y a uno de los principales implicados en la trama de la SGAE, contra la que la Audiencia Nacional instruye diligencias. En esas conversaciones, el famoso cantante le habla a ese implicado de los avisos que le habrían llegado a través del CNI, en el sentido de que la SGAE estaba siendo investigada.

Permítanme que prescinda de la anécdota para entrar en la categoría. Porque me parece que esa referencia a los supuestos "avisos" del CNI es mucho más grave que la propia trama de la SGAE.

Todos los países cuentan con servicios de inteligencia que se encargan de moverse por las eufemísticamente denominadas "zonas de sombra" del estado de derecho, con el fin de proteger los intereses de la Nación. Malo es que, en ocasiones, esos servicios de inteligencia traspasen la frontera de la legalidad, pero todos los países tienden sistemáticamente a mirar hacia otro lado ante esas transgresiones, en aras de una supuesta razón de estado, mejor o peor entendida.

Si en España tuviéramos unos servicios de inteligencia homologables a los de otros países europeos, nuestros problemas con respecto a esos servicios serían similares, y se concretarían en cómo encontrar el punto justo de equilibrio entre la protección de los intereses de la Nación y la preservación del estado de derecho.

Pero el problema que tenemos en España es de una naturaleza completamente distinta. Porque, desde hace ya mucho tiempo, los servicios de inteligencia de nuestro país parece que se dedican, no a proteger a la Nación, sino a preservar los intereses de la casta que nos gobierna y a participar en las luchas de poder que periódicamente se desatan en el seno de esa casta.

No hace falta que les enumere la lista completa de episodios en los que el CNI, y antes su predecesor el CESID, ha puesto de manifiesto que nada tienen que ver sus actuaciones con los objetivos normales de cualquier otro servicio de inteligencia. Desde las escuchas "aleatorias" a empresarios o periodistas en tiempos de Felipe González, hasta los seguimientos a Manuel Pizarro o la infiltración en movimientos cívicos, parece que todas las actividades de nuestros servicios de inteligencia se concretaran en una única cosa: evitar que nada se mueva, dentro del panorama social, que pueda poner en peligro el statu quo existente. Statu quo que al final se concreta, y eso es lo único que importa, en quién hace negocios al amparo del poder y quién no.

Sin necesidad de entrar siquiera a analizar la participación del CESID en el golpe de estado del 23-F, o la del CNI en la ocultación de la verdad del 11-M, la historia de nuestra democracia está plagada de episodios en los que nuestros servicios de inteligencia han traspasado flagrantemente las fronteras de la legalidad. Pero con la diferencia, si nos comparamos con otros países, de que esas transgresiones han ido casi siempre dirigidas a proteger los intereses pecuniarios o políticos de nuestra casta, y no a defender el interés de la Nación.

De la misma manera que somos el único país europeo que subvenciona y mantiene a quienes quieren destruir su ordenamiento constitucional, somos también el único país europeo que permite que el estado de derecho se vulnere de manera sistemática, simplemente para mantener en pie el chiringuito de tanto y tanto rey del chollo frito.