Me van a permitir ustedes que tome un poco de distancia y les hable de lo que a mí me parece más escandaloso en el tema de la operación Gürtel.

Para mí, lo más escandaloso no es que un ex-parlamentario socialista se atreva, como juez, a instruir una causa contra personas próximas al PP, en lugar de abstenerse para preservar la apariencia de imparcialidad, como es su deber.

Tampoco me parece lo más escandaloso que ese juez juegue sospechosamente con los tiempos, acompasando la causa a fechas que coinciden, curiosamente, con la campaña electoral para los comicios autonómicos en Galicia y el País Vasco.

Ni siquiera me parece lo más escandaloso que ese juez, una fiscal, el ya ex-ministro de Justicia y el jefe de la Policía Judicial se junten en tierras jienenses, invitando a la sospecha de si hubo connivencia a la hora de dirigir la causa en uno u otro sentido.

Siendo todo eso muy grave, no es, en mi opinión, lo más grave de todo. Lo que de verdad me parece tremendo, lo que más me escandaliza y me indigna en todo este episodio, es la forma en que se están lanzando mediáticamente imputaciones contra ciertas personas.

No tengo el placer de conocer ni al señor Camps, ni al señor Bárcenas. Ni tampoco soy precisamente un fan del PP en los últimos tiempos. Así que quizá por eso estoy plenamente legitimado para decir que la manera en que se está volcando mierda sobre esos dos señores me parece realmente nauseabunda.

A través de los medios de comunicación hemos sabido que existen grabaciones en las que unos empresarios presuntamente corruptos presumen de haber pagado unos trajes al señor Camps y de haber dado dinero al señor Bárcenas, supuestamente para el partido. Y, a partir de ahí, esos mismos medios de comunicación han hecho todo lo posible por airear esas sospechas que pesan sobre la cabeza de ambos.

Analicen ustedes en detalle el asunto. No es que tengamos unas grabaciones de Camps reconociendo que se ha comprado unos trajes por la patilla. Tampoco tenemos ninguna grabación de Bárcenas afirmando que ha cobrado dinero de forma irregular. Lo que tenemos son grabaciones de terceras personas, en las que estas terceras personas lanzan imputaciones sobre Camps y Bárcenas.

Oiga: ¿y quién nos dice a nosotros que esas terceras personas están diciendo la verdad sobre esos dos miembros del PP? Porque, a bote pronto, se me ocurren tres posibilidades:

a) que esas imputaciones de esas terceras personas sean ciertas
b) que, en realidad, esas personas se estuvieran tirando el pinflis, presumiendo ante algún otro conocido suyo de unas buenas relaciones con Camps y Bárcenas que en realidad no eran tales.
c) que esas terceras personas estén mintiendo por encargo

Déjenme que les ponga un ejemplo: supongamos que quiero influir para que el PSOE pierda unas elecciones y supongamos que me entero de que hay un empresario chorizo (de los que no nos falta en este país provisión) que va presumiendo (falsamente) de tener buenos contactos con Zapatero y de que le hace a Zapatero costosos regalos. Entonces contacto yo con un juez y un policía amigos míos, consigo que se le pinche el teléfono a ese jeta y, una vez que le he grabado alguna frase donde ese empresario presume (falsamente) de que le compró a Zapatero unas tierras en Venezuela, filtro esas conversaciones a un medio de comunicación amigo, para que penda sobre Zapatero la sospecha, en plena campaña electoral, de si ha aceptado sobornos en forma de tierras situadas allende los mares.

Es decir: a partir de la mentira que consigo grabar a un corrupto, construyo una imputación falsa contra Zapatero, que no es ni siquiera consciente de que hay alguien por ahí que va presumiendo de sobornarle.

¿Se dan ustedes cuenta de lo siniestro de la jugada?

Para que se entienda todavía mejor el asunto, comparémoslo con el caso de los socialistas de Baena. En el caso de Baena, a quien tenemos grabado es a un tío del ayuntamiento reconociendo sus visitas a un lupanar y reconociendo que esas visitas se pagaban con dinero público.

La diferencia es abismal: no es lo mismo grabar a un tío del ayuntamiento reconociendo que pagó con dinero público a una piluja, que grabar a la piluja diciendo que un tío del ayuntamiento la pagó con dinero público. En el primer caso, se trata de una confesión de parte, por lo que no hay duda posible; en el segundo caso, se trata de una imputación a terceros, que puede ser cierta o no serlo.

Yo no tengo ni idea de a qué actividades lícitas o ilícitas se dedican los señores Camps y Bárcenas. Tanto el uno como el otro niegan que las imputaciones que se han hecho contra ellos sean ciertas. Pero lo que sí sé es que, mientras que no se pongan sobre la mesa datos concretos que inviten a pensar que alguien es un corrupto, no se pueden lanzar gratuitamente sospechas de corrupción sobre las personas. Y, hasta el momento, nadie ha puesto sobre la mesa ni el más mínimo indicio objetivo que me permita dudar de la honorabilidad ni de Bárcenas, ni de Camps.

De ahí lo repugnante de todo este episodio. Porque si existen ese tipo de grabaciones de unos empresarios presuntamente corruptos, presumiendo de sobornar a políticos, lo que hay que hacer es, por supuesto, investigar el tema. Pero investigarlo en silencio, que para eso están los secretos de sumario. Si luego resulta que son ciertas las sospechas de soborno, entonces será el momento de empapelar a quien haya que empapelar. Pero mientras esas sospechas no se comprueben, no se pueden airear de la forma en que se está haciendo, y menos en campaña electoral. Porque si luego resulta que era mentira que esos sobornos existieran, se habría destruido la reputación de las personas de manera gratuita y se habría conseguido el efecto electoral pretendido, tomando siempre como base unos falsos indicios.

Y que quede claro algo muy importante (y quien no entienda por qué es importante, es que no ha comprendido cómo funciona un estado de derecho): yo no estoy defendiendo la "inocencia" de Camps y de Bárcenas. Lo que estoy diciendo, precisamente, es que ni la inocencia del uno ni la del otro necesitan ser defendidas, por la sencilla razón de que nadie ha puesto sobre la mesa, hasta el momento, ni el más mínimo indicio concreto de ninguna presunta culpabilidad.

Para finalizar, permítanme que les llame la atención a los señores del PP sobre un paralelismo curioso: lo que les están haciendo ahora a ellos es exactamente lo mismo que antes hicieron ya en el caso del 11-M.

Tomemos, por ejemplo, la figura de ese presunto suicida de Leganés llamado Jamal Ahmidan, El Chino. ¿Tenemos grabada alguna conversación de ese sujeto reconociendo que tenía tentaciones terroristas, reconociendo que manejaba explosivos, reconociendo que utilizaba detonadores, reconociendo que montó alguna bomba? No.

Pero todos nos quedamos en su día muy convencidos de lo radical y terrorista que era Jamal Ahmidan, gracias a que nos pusieron delante de las narices la conversación grabada a unas terceras personas (Rafá Zouhier y su controlador Víctor), conversación que apesta a montaje y en la que esas terceras personas hablaban de lo radical y terrorista que era Jamal Ahmidan.

¿Se dan ustedes cuenta de lo fácil que es manipular a la opinión pública con conversaciones grabadas a terceros, señores del PP?

¿Se dan ustedes cuenta de que, si en su día hubieran ustedes respaldado a quienes denunciábamos la acumulación casposa de falsos indicios en el caso del 11-M, a lo mejor ahora no se estarían usando las mismas técnicas contra ustedes?

¿Se acuerda usted, por ejemplo, señor Camps, de cómo la televisión valenciana, en manos del PP, no se hizo eco en su día de los documentales sobre el 11-M elaborados por Telemadrid, en los que se denunciaba la utilización de pruebas falsas?

¿Se dan ustedes cuenta, en definitiva, de que ustedes mismos son parcialmente responsables de lo que les está pasando?

Porque ése, señores del PP, es el problema fundamental: cuando se permite utilizar una vez técnicas que no son propias de un estado de derecho (por ejemplo, para tapar la verdadera autoría del 11-M), esas técnicas terminan pudiéndose usar para todo.

Por ejemplo, para destruir al adversario político.