Que la negociación con ETA no pudo triunfar en la anterior legislatura gracias a la resistencia cívica encabezada por la AVT de Francisco José Alcaraz, es un hecho.

Que el proceso "de paz" con ETA nunca se interrumpió realmente, sino que simplemente se sumergió, a la espera de poder neutralizar a quienes lo habían hecho encallar con su resistencia, es casi una certeza.

Que hay algunos a los que les ha entrado una inmensa prisa por reanudar el proceso, dado que la quiebra económica puede forzar un significativo acortamiento de la legislatura, es una sospecha más que razonable.

El problema es que esos intentos de neutralizar la resistencia para poder reanudar el "proceso de paz" han fracasado. Y a fecha de hoy, la resistencia cívica y jurídica en el campo de la negociación con ETA se encarna en una nueva asociación, Voces contra el Terrorismo, que Francisco José Alcaraz dirige y en la que han terminado recalando los mismos abogados que en su día representaran a la AVT y a tantas víctimas en ella encuadradas: Juan Carlos Rodríguez Segura y Manuela Rubio. Voces contra el Terrorismo está personada en numerosas causas abiertas, algunas de ellas de gran calado político (como por ejemplo la del caso Faisán).

Nos desayunamos hoy con la noticia de que la anterior junta directiva de la AVT, de la que formaba parte la actual presidenta de la asociación, presentó hace unas semanas una denuncia ante el Colegio de Abogados contra esos dos letrados que representaban hasta hace poco a la AVT y que ahora representan a Voces contra el Terrorismo.

Lo primero que sorprende es el hecho en sí de la presentación de esa denuncia. Teniendo en cuenta que la AVT ya había prescindido, como asociación, de los servicios de esos abogados, no se entiende muy bien en qué sentido le reporta ningún beneficio presentar una demanda contra quienes ya no son los letrados "oficiales" de la AVT, pero siguen representando como acusación particular a diversas víctimas pertenecientes a esa asociación. Víctimas que, por supuesto, se verían afectadas en el terreno jurídico en caso de que esa denuncia impidiera a esos abogados seguir representándolas. La denuncia, por tanto, no le reporta ningún beneficio a la AVT como asociación y, sin embargo, puede causar un perjuicio considerable a varios de sus asociados.

Lejos de mi ánimo sugerir la existencia de motivaciones espurias en los miembros de la junta de la AVT que firman colectivamente esa denuncia. Ellos sabrán por qué la presentaron.

Sin embargo, lo que está claro es que quienes sí podrían intentar beneficiarse de la presentación de esa denuncia son aquéllos a los que les encantaría neutralizar, de cara a una segunda fase del "proceso de paz" con ETA, las iniciativas jurídicas emprendidas por Voces contra el Terrorismo en casos como el del Bar Faisán, el atentado contra la casa cuartel de Burgos, el caso De Juana o las relaciones entre ETA, las FARC y Venezuela, por poner solo algunos ejemplos.

Sospecho que nuestro amado ministro de Interior, Rubalcaba-el-que-siempre-dice-la-verdad, se habrá sentido enormemente satisfecho hoy, al enterarse de la presentación de esa denuncia. Quizá esa denuncia le proporcione a algunos los medios necesarios para neutralizar el nuevo conato de resistencia jurídica al "proceso de paz".

Aunque, personalmente, lo que más me sorprende no es que la AVT presente una denuncia contra esos abogados. Lo que me parece más sorprendente, en realidad, es el hecho de que la AVT desperdicie esfuerzos y recursos denunciando a abogados que defienden a las víctimas, en lugar de emplear esos mismos esfuerzos y recursos en presentar nuevas denuncias contra quienes colaboran, directa o indirectamente, con los asesinos.

Pero bueno, cada uno sabrá a qué dedica sus esfuerzos y cuáles son sus prioridades.