La verdad es que no recuerdo haberle dado a la portavoz popular, ni a nadie, el permiso de que decida por mí si los carteles pueden estar en ruso o no. ¿A santo de qué se creen los políticos que pueden imponer a comerciantes y clientes el idioma en que pueden realizar sus transacciones comerciales? ¿Qué pasa porque alguien rotule en ruso los carteles de su tienda? ¡Será su problema, digo yo!
Lo normal es que, si alguien rotula en ruso su comercio, los clientes pasen de largo, ante la imposibilidad de entender los anuncios. Pero cada cual es muy libre de arruinarse como prefiera. Y si a un cliente no le importa que los anuncios estén en ruso, será porque entiende ese idioma o porque le gusta comprar a ciegas. ¿Con qué derecho nos dictan los políticos la lengua con la que podemos comprar o vender? ¿Por qué nos tratan como si fuéramos personas carentes de uso de razón?
Pasa lo mismo con el consumo de tabaco. ¿Cómo es posible que se admita una ley que impone dónde y cómo se puede fumar un producto legal dentro de una propiedad privada, como son los establecimientos hosteleros? Lo más que se podría exigir a un dueño de un restaurante es que anuncie a la entrada, claramente, si en su establecimiento se puede consumir tabaco o no. Será su problema decidir a qué clientela quiere dirigirse. Y será problema de los clientes, no del Estado, decidir dónde quieren comer.
Que el Estado regule el idioma en que las administraciones públicas atenderán a los ciudadanos es lógico. Pero que regule el idioma en que los ciudadanos interactuarán entre sí, constituye una intromisión inaceptable en la vida privada de las personas. Que el Estado regule el uso del tabaco en los edificios y transportes públicos es natural, para proteger los derechos de los no fumadores. Pero que regule el consumo de tabaco en lugares donde uno tiene libertad de decidir si quiere entrar o no, es una manera de coartar la capacidad de elección de los individuos.
Y lo mismo cabría decir de tantos otros aspectos en los que el Estado usurpa, de manera ilegítima, la voluntad de los ciudadanos. Por ejemplo, a la hora de decidir la educación que se va a dar a los niños. Por ejemplo, a la hora de imponer a las cadenas televisivas o a los cines un porcentaje mínimo de emisión o proyección de bazofias producidas en España. Por ejemplo, a la hora de fijar a qué horas y en qué días se puede comprar en las grandes superficies. Por ejemplo, a la hora de regular dónde y cómo se puede construir una vivienda.
Se puede argumentar, en cada caso, la necesidad de que existan ciertos tipos de reglas y limitaciones, con el fin de proteger los derechos de terceros. Pero lo cierto es que las reglas que existen en la actualidad terminan, sistemáticamente, haciendo que nuestra capacidad de elegir disminuya, o que algún mamarracho se forre a costa de esas reglas, o que las cosas nos salgan considerablemente más caras de lo que nos saldrían si el Estado no metiera las narices en nuestra vida privada.
¡Basta ya de que nos traten como si fuéramos incapaces de decidir por nosotros mismos! ¡Métanse ustedes en sus propios asuntos, hombre! Exijo que los políticos saquen sus sucias manazas de mi vida privada. Y que me dejen elegir en paz.
Y si me da la gana ir a una gasolinera rotulada en ruso y en la que me obliguen a tocar la balalaika antes de repostar, será asunto mío, doña Soraya, no suyo. Me parece estupendo que el PP se oponga, si lo desea, a la entrada de Lukoil en Repsol, pero desde luego no con esa sandez de argumento.
Dedíquense ustedes, por ejemplo, a garantizar el derecho de los catalanes a comprar en español, en lugar de perder el tiempo intentando impedir que los consumidores echen gasolina en ruso.