Que vivimos en un país extraño lo atestigua el hecho de que hayan tenido que pasar ocho años para que alguien pida un informe exhaustivo sobre la destrucción de los trenes del 11-M, como acaba de hacer el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce. Como también atestigua lo extraño de nuestro país el hecho de que esa noticia resulte tan llamativa.
En cualquier otro país democrático, si alguien se hubiera atrevido a ordenar, o a tolerar, la inmediata destrucción de los escenarios del crimen correspondientes a una espantosa masacre terrorista, la propia Justicia habría actuado de oficio con la máxima rapidez posible, para impedir o castigar cualquier posible delito de destrucción de pruebas. Es lo normal, y no debería resultar sorprendente. En cualquier otro país democrático, lo llamativo, lo escandaloso, sería que alguien destruyera - voluntaria o involuntariamente - pruebas de una masacre terrorista y nadie moviera un dedo para averiguar quién y por qué.
Pero aquí hemos tenido que vivir un lento goteo de informaciones periodísticas, y un cambio de Gobierno, para que por fin alguien haga lo que de la Justicia se espera. En los ocho años anteriores, todo el mundo eligió mirar hacia otro lado. A pesar de las informaciones periodísticas. A pesar de las solicitudes de diligencias presentadas por las víctimas. A pesar de que existían denuncias concretas relativas a la destrucción de aquellos trenes. A pesar de que la lógica y la razón indicaban que esa destrucción ni fue normal, ni fue inocente.
El fiscal Javier Zaragoza tiene ahora que remitir a la Fiscalía General del Estado toda la información recopilada durante la instrucción y el juicio del 11-M en relación con los restos de los trenes y su recogida, incautación, desguace o conservación.
No es que el fiscal Zaragoza se distinguiera precisamente durante el juicio del 11-M por su rigor jurídico y su respeto a los hechos. Suya es la famosa frase de "en definitiva da igual el explosivo que se utilizara" (Informe de Conclusiones Definitivas del Ministerio Fiscal, sesión del 11/6/2007 del juicio del 11-M), pero en este caso no importa realmente la personalidad de quien tiene que elaborar el informe: lo que se le ha pedido a ese fiscal es que recopile los datos existentes, no que los interprete. Y los documentos están en la causa o no lo están. No caben matices intermedios.
Nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán. Esperaremos, pues, a que se elabore ese informe que la Fiscalía General del Estado necesita para averiguar de quién es la responsabilidad de que 10 de los 11 trenes explosionados el 11-M se desguazaran con extraordinaria rapidez, y de que los restos del último de esos trenes, los únicos que se salvaron de la destrucción, fueran conservados durante todo este tiempo en secreto, sin dejar de ellos el más mínimo rastro documental ni en el sumario, ni en el juicio.