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Maite Nolla

Un respeto para el alcalde

Yo creo que la pena de cárcel de un año para los manteros –que es la tarifa plana habitual– es excesiva, teniendo en cuenta el perjuicio causado y el valor de lo que venden, que es escaso. Pero lo que hacen es ilegal.

Maite Nolla
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El problema del editorial conjunto es que algunos se lo han creído. Igual que se han debido creer lo que dice Artur Mas de que siempre debe prevalecer la voluntad del pueblo sobre la Ley. Eso se ha llevado a la política municipal catalana y ahora lo que prevalece es la voluntad del alcalde del pueblo sobre la Ley. Es la consecuencia directa de llevar cuatro años diciendo que ningún tribunal español iba a torcer nuestro común designio de libertad manifestado en referéndum. Vale que los políticos, el notario y el corresponsal de La Vanguardia saben que están engañando al personal, pero el alcalde de El Vendrell ha debido pensar que si nos están sacando a la calle para no cumplir las leyes, eso debe valer para todo.

Supongo que saben que este señor ha decidido que no va a perseguir a los manteros sino que va a tolerar su presencia, pactando incluso una ubicación para que puedan delinquir con todas las comodidades, porque perseguirlos no le sale a cuenta. Ya sé que no debería decirlo, por obvio, pero una cosa es considerar injustas las penas de prisión a los manteros, y otra justificar y permitir el delito. Yo creo que la pena de cárcel de un año para estos delitos –que es la tarifa plana habitual– es excesiva, teniendo en cuenta el perjuicio causado y el valor de lo que venden, que es escaso. En la mayoría de casos el total no alcanza ni los doscientos euros. La persecución de estos delitos también podemos considerarla desproporcionada, teniendo en cuenta que tipos como Millet han pasado sólo trece días en prisión preventiva y que por vender en la manta te pasas, al menos, un día en el calabozo. Pero lo que hacen es ilegal. Se vulneran las normas sobre venta ambulante y no ambulante, sobre impuestos, tasas, las de la Seguridad Social en relación a los comerciantes que están legales y, aunque lo consideremos excesivo, su actividad es delictiva. Como dice Federico, una cosa es el liberalismo y otra el anarquismo. Y si el ayuntamiento lo tolera y lo permite, se abre una bonita discusión jurídica sobre cuántos delitos está cometiendo, de qué tipo y qué figuras penales concurren: prevaricación, complicidad, encubrimiento o algún delito contra la Administración de Justicia.

Por supuesto, el presidente de la Generalitat en funciones, Joan Saura, considera que la solución municipal de cooperación con el delito es socialmente adecuada. Otra cosa sería incongruente, después de todo lo que han dicho de la sentencia del estatuto. También es verdad que para determinados políticos es difícil comprender que el mantero es el último explotado de una cadena mafiosa. Pero la cuestión es que cuando desde el Gobierno de España, el gobierno autonómico, los ayuntamientos, los periódicos, los empresarios y todo el que sabía firmar, se ha instado a la ilegalidad y como dijeron los del Òmnium, los políticos tenían el mandato del pueblo de no cumplir la sentencia del estatuto, ¿quién le va a decir al señor alcalde de El Vendrell que impida la venta a los manteros, si no quiere o si no tiene dinero para hacerlo? Un respeto para el alcalde.


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