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A los maestros

La política de educación, según el principio de subsidiariedad, debe ser que el Gobierno atienda exclusivamente la educación de los niños cuyas familias no pueden o no quieren pagar escuelas privadas.

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Todos hablan de derechos, pero cada uno entiende una cosa distinta cuando los menciona. Considere lo siguiente: ¿tienen los padres de familia el derecho a educar a sus hijos o ya los despojó el Gobierno (los políticos) de ese derecho, relevándolos de esa responsabilidad?

La política de educación, según el principio de subsidiariedad, debe ser que el Gobierno atienda exclusivamente la educación de los niños cuyas familias no pueden o no quieren pagar escuelas privadas. El Gobierno debe dejar la educación privada a quien corresponde, a los padres de familia y no interferir en los contratos privados entre maestros y padres de familia. No se trata de algo público sino, por el contrario, de algo muy privado. El Gobierno no es nuestro padre; ya los ciudadanos somos adultos y no corresponde a los políticos decirnos cuánto debemos pagar al colegio privado, pues si no nos gusta lo que uno cobra, inscribiremos a nuestros hijos en otro, los mandamos a una escuela pública o nos ponemos de acuerdo con varios amigos y fundamos un nuevo colegio.

¿Acaso ya no tenemos derecho a pagar lo que nos parezca? Tampoco corresponde al Gobierno inmiscuirse en los contratos privados entre los dueños de los colegios y los maestros, ya que todos ellos son ciudadanos adultos, con voluntad propia y si a una parte no le parece bien lo que la otra propone está en completa libertad de no firmar el contrato.

¿Acaso le compete al Gobierno obligar a una de las partes a aceptar condiciones contractuales distintas a las que libre y pacíficamente está dispuesta a aceptar? Tampoco los gobiernos ni los políticos tienen competencia para decirles a los padres de familia cómo deben educar a sus hijos, pues los alumnos no son hijos de los políticos ni de los ministros ni de los maestros. Por eso su intromisión no es legítima aunque, increíblemente, sí es legal. ¿Qué nos pasó a los ciudadanos que permitimos esa usurpación de nuestros derechos?

Si se insiste en el control gubernamental de los títulos escolares, esto se debe reducir a exigir que el alumno pase un examen de lectura, gramática y matemática. Lo demás que se enseñe debe ser lo que los padres exijan. Claro que algunos padres mostrarán poco interés, pero la abrumadora mayoría de ellos sí se preocuparán, lo cual beneficiará a todos los estudiantes.

Es absolutamente ridículo e inaudito justificar la intromisión del Gobierno en la educación de nuestros hijos, aduciendo que de otra manera no serán educados y, en seguida, proceder a entrometerse, interferir y estorbar la educación particular, voluntaria, contractual, pacífica y libre, supervisada por los padres de familia. La educación privada debe ser privada.

Si los contribuyentes quieren ayudar a educar a estudiantes pobres, aprendamos del mejor ejemplo de la historia: después de la Segunda Guerra Mundial, el Gobierno de Estados Unidos dispuso pagar becas a veteranos que quisieran ir a la universidad. Cada uno escogió su carrera y la universidad donde estudiar. El gobierno no dictó cuáles eran las universidades y no existía el Ministerio de Educación. Aprovechó las universidades existentes y surgieron muchas otras opciones para competir en servir a los estudiantes. Se evitaron así los problemas de crear y operar una gran burocracia, proliferaron oportunidades y como la demanda para profesores aumentó, su remuneración también. El sistema fue eficiente y económico.

El Ministerio de Educación deberá, algún día, convertirse en un administrador de becas para estudiantes de bajos recursos y devolver la responsabilidad a quienes los políticos se la quitaron, los padres de familia.

© AIPE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manuel F. Ayau Cordón es Ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, fue presidente de la Sociedad Mont Pelerin.

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