El pasado 28 de diciembre, la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género cumplió 15 años. No deja de resultar paradójico que su publicación en el Boletín Oficial del Estado en 2004 coincidiese, casualmente, con la celebración del Día de los Santos Inocentes, pero, por desgracia, no se trató de una broma de mal gusto, sino de uno de los mayores despropósitos políticos y judiciales de la historia reciente de España.
Su aniversario ha sido aprovechado por el PSOE, su principal impulsor, y el muy "feminista" Gobierno en funciones de Pedro Sánchez para cantar las alabanzas de una norma que, pese a todo el apoyo mediático que le acompaña, ha demostrado ser injusta, ineficaz y, lo que es aún peor, profundamente perversa.
a href="https://twitter.com/hashtag/15A%C3%B1osDeUnaLeyValiente?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#15AñosDeUnaLeyValiente
15 años desde que el #PSOE aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género.
5 años en los que han cambiado muchas vidas, pero aún no es suficiente.
os toca seguir tomando decisiones. Ni una más. Ni un paso atrás. pic.twitter.com/7S0mYi828X
— PSOE (@PSOE) December 28, 2019
Hoy hace 15 años que nuestro país se dotó de una ley pionera y ejemplar que supuso un antes y un después en la lucha contra la #ViolenciadeGénero.
— Carmen Calvo (@carmencalvo_) December 28, 2019
Una norma que no tiene punto de retorno y que este gobierno reforzará para erradicar uno de los grandes problemas de la democracia.
Injusta porque imponer una pena diferente por la comisión del mismo delito en función del sexo que ostenten víctima y agresor constituye una flagrante vulneración de uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, la igualdad ante la ley. Así, tal y como reza el artículo 14 de la Constitución Española, "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Sin embargo, la Ley de Violencia de Género constituye una clamorosa excepción a dicha regla de oro.
Tanto es así que el mismísimo Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno y peso pesado del PSOE durante la larga etapa felipista, reveló recientemente que el entonces presidente del Tribunal Constitucional le advirtió de que tal ley carecía de encaje legal, de modo que, sin duda, sería derogada en cuanto los recursos interpuestos llegasen a sala. La sorpresa saltó cuando, finalmente, pasó el filtro del Constitucional debido a la enorme presión política que sufrieron sus magistrados.
Semejante confesión supone un escándalo de primer orden, susceptible de abrir telediarios y portadas de periódicos, al confirmar no sólo la evidente inconstitucionalidad de esta ley, sino la endeble naturaleza de la institución que debería velar por el cumplimiento y defensa de la Carta Magna, pero la triste realidad es que pasó desapercibida.
El único argumento que blanden quienes propugnan la validez de este engendro jurídico es que los hombres merecen una pena más alta porque, dentro del ámbito de la pareja, la mayoría de asesinos son del sexo masculino, mientras que la mayoría de víctimas son del femenino. El problema es que semejante sandez, llevada al extremo, también supondría la imposición de penas mayores a las madres que matan a sus hijos, dado que protagonizan más filicidios que los padres, así como a determinados delincuentes en función de su raza o nacionalidad, lo cual es una barbaridad. No es de extrañar, por tanto, que España constituya una anomalía jurídica a nivel internacional, puesto que ningún país mínimamente serio aplica penas distintas según el sexo de víctima y agresor.
Y todo ello sin tener en cuenta que si bien los hombres matan más, también mueren en mayor número que las mujeres. De hecho, tal y como evidencian los datos del Ministerio del Interior, hay más probabilidades de que un hombre muera a manos de un hombre a que lo haga una mujer, ya que el 62% de los homicidios que se cometen en España son de hombres hacia otros hombres, frente al 28% de mujeres asesinadas por hombres.
Además, por si fuera poco, la Ley de Violencia de Género no ha dado los frutos deseados, puesto que la media de víctimas previa a su entrada en vigor rondó las 60,7 al año desde 1999 a 2004, frente a las 59,4 registradas a posteriori, una reducción estadísticamente irrelevante. Lo que sí ha provocado, por el contrario, es una utilización arbitraria y abusiva de la norma para la consecución de determinadas ventajas, especialmente en materia de divorcios, tal y como vienen denunciando abogados y diferentes plataformas de padres separados.
Prueba de ello es que el número de denuncias por violencia de género se ha más que duplicado desde 2004, con una media de 129.000 al año, pero el volumen de condenas permanece más o menos estable en el tiempo, con cerca de 30.000 al año. Es decir, han aumentado las denuncias, sí, pero también la cifra de archivos, sobreseimientos y sentencias absolutorias por falta de pruebas. Lo que reflejan los datos oficiales es que el 77% de los denunciados por violencia de género acaban resultando inocentes o, si se prefiere, no culpables. Esto no significa, en ningún caso, que el 77% de las denuncias sean falsas, pero desmonta por completo la pueril y absurda afirmación de que tan sólo el 0,01% lo son, tal y como insisten en pregonar la mayoría de políticos y medios.
Así pues, no hay nada que celebrar. Los 15 años de vigencia que acaba de cumplir la Ley de Violencia de Género no son ningún motivo de orgullo, ya que, más allá de vulnerar el principio básico de la igualdad ante la ley, no sólo no ha resuelto el problema que pretendía combatir, sino que ha creado otros nuevos para desgracia de víctimas y afectados.