La Constitución actual es la primera en la historia de España que se hace por un consenso realmente amplio, y no podrá reemplazarse por otra con la misma base. En todo caso no debe permitirse que unas bandas de estafadores políticos la transformen a su gusto y por medio de hechos consumados, como está haciendo el gobierno en connivencia con separatistas y terroristas. Si esta inmensa fechoría se consiente, las bases de la convivencia quedan rotas, y por mucho que no reaccione una sociedad en gran parte degenerada por la telebasura y la corrupción aceptada, cualquier minoría adquiere legitimidad para recurrir a todos los medios a fin de imponerse. Después de todo, estamos ante el triunfo, en medida muy importante, de una de esas minorías que desde el principio decidió atacar con las armas esa Constitución que establece la unidad de España y las libertades, y, en esas condiciones, lo que es válido para ella lo es para cualquiera.

Ciertamente se trata de una Constitución sumamente defectuosa, lo que no es de extrañar a la vista de algunos de sus redactores, como Peces Barba o Herrero de Miñón. Una Constitución que confunde intereses y derechos, lastrada por concepciones socialdemócratas de implicaciones totalitarias y por las puertas abiertas a la fragmentación del país. La crisis política a la que está llevando a España el actual gobierno exige una reforma legal de aquella ley de leyes, y Vidal Quadras, el foro de Ermua y otros grupos están poniéndose en marcha al respecto. Una tarea imprescindible.

Para que la reforma cuaje es esencial crear una amplia opinión pública. Y a ello debemos contribuir todos en la medida de las fuerzas de cada cual. Se trata de una acción al mismo tiempo negativa, la denuncia del gobierno anticonstitucional y su infame alianza; y positiva, la reforma imprescindidble para superar los numerosos déficits democráticos que arrastra España.

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Cuatro días y el PP sigue sin denunciar debidamente la querella totalitaria y proterrorista contra Alcaraz.