Antonio Burgos suele escribir artículos sensatos, pero demuestra tener una idea muy endeble de la democracia, y ataca a Vidal Quadras con la habitual demagogia de fondo separatista: "La patá en la boca de chino malo del kunfú nos la ha pegado usted, don Vidal, a todos los andaluces. ¿Le hemos dicho nosotros algo a ustedes de cómo fuera Companys o dejara de serlo? ¿Hemos dicho nosotros acaso que Pompeu Fabra era esto o lo otro?". Pues verá usted, señor Burgos, cualquier andaluz, cualquier canario o cualquier asturiano, vasco o catalán tiene perfecto derecho a opinar sobre un personaje tan nefasto como Companys, sobre Blas Infante o sobre cualquiera de los héroes de pacotilla que tan bien reflejan el carácter de esos nacionalismos. Y usted no es quién para asumir la representación de "todos los andaluces" y hacerse el ofendido por ellos. Un gran número de andaluces desdeña a ese “padre de la patria” de cartón piedra que persisten en imponerle unos vividores de la política cuyo rasgo más destacado es la corrupción.
-----
Iniciativas
Continúa la recogida de firmas del Manifiesto por la Verdad Histórica, en el recuadro existente en la columna de la derecha de LD.
Ligeras correcciones de estilo propuestas al manifiesto:
POR LA VERDAD HISTÓRICA
Diversos políticos, generalmente poco ilustrados, intentan imponer una determinada visión de nuestro pasado mediante la llamada Ley de Memoria Histórica. Este acto, por sí mismo, es contrario a la democracia y a la cultura.
De modo implícito, pero evidente, la ley atribuye carácter democrático al Frente Popular. Hoy está plenamente documentado lo contrario. Dicho Frente se compuso, de hecho o de derecho, de agrupaciones marxistas radicales, stalinistas, anarquistas, racistas sabinianas, golpistas republicanas y nacionalistas catalanas, todas ellas ajenas a cualquier programa de libertades políticas.
También está acreditado que los partidos mencionados, ya antes de haberse constituido en Frente, organizaron el asalto a la república en octubre de 1934, con propósito textual de guerra civil, o colaboraron en él, fracasando tras causar 1.400 muertos en 26 provincias; y que, tras las anómalas elecciones de febrero de 1936, demolieron la legalidad, la separación de poderes y el derecho a la propiedad y a la vida, en un proceso revolucionario culminado en el intento de asesinar a los líderes de la oposición y en el asesinato efectivo de uno de ellos. Esa destrucción de los elementos democráticos de la legalidad republicana hundió las bases de la convivencia nacional y causó la guerra y las consiguientes atrocidades en los dos bandos.
La Ley de Memoria Histórica alcanza límites de perversión ética y legal, y de agravio intolerable a la sociedad, al igualar como “víctimas de la dictadura”, a inocentes, cuyo paradigma podría ser Besteiro, y a los sádicos asesinos y ladrones de las checas, cuyo modelo sería García Atadell. Con esto la ley denigra a los inocentes y pretende que la sociedad recuerde y venere como mártires de la libertad a muchos de los peores criminales que ensombrecen nuestra historia. Igualmente erige en campeones de la libertad a las Brigadas Internacionales orientadas por Stalin, a los comunistas que en los años 40 intentaron reavivar la guerra civil o a los etarras que iniciaron en 1968 su carrera de asesinatos. ¿Cabe concebir injurias mayores a la moral, la memoria y la dignidad de nuestra democracia?
La falsificación del pasado envenena el presente. Nos hallamos, sin duda, ante un deliberado falseamiento de nuestra historia, agravado por la pretensión de imponerlo por ley, un abuso de poder que recuerda, inevitable y precisamente, a aquel infausto Frente Popular. La sociedad no puede aceptarlo sin envilecerse: los pueblos que olvidan su historia se condenan a repetir lo peor de ella.