El caso Bono no ha terminado. En todo caso, acaba de comenzar. La sentencia condenatoria a los tres policías nacionales que ejecutaron las detenciones ilegales y la dimisión del Delegado del Gobierno en Madrid sólo marcan el inicio del largo camino de las responsabilidades políticas del recorte de libertades más importante de la historia reciente de España.
Constantino Méndez, convertido en el comisario político de Zapatero, ha intentado, supongo que por orden de arriba, erigirse en dique de contención. Pero este asunto es demasiado grave como para que aquí no pase nada más. La dimisión de Méndez es lo mínimo que cabe esperar en una situación como ésta, pero la responsabilidad política directa deberá llegar al entonces ministro de Interior y, antes que él, al director general de la Policía Nacional. Es evidente que José Antonio Alonso estaba detrás de esas detenciones, como demuestran las repetidas mentiras en sus comparecencias en el Congreso de los Diputados.
Ante una detención ilegal y política de dos militantes del Partido Popular, con una sentencia judicial concluyente, las responsabilidades políticas no se pueden reducir a una dimisión del delegado del Gobierno. Zapatero también tiene mucho que decir. Primero porque estaba al corriente de lo que estaba pasando esos días y segundo porque ante un recorte de la libertad sin precedentes en nuestra democracia no se puede eximir al presidente del Gobierno. Es cierto que en el PSOE saben aferrarse bien a la "poltrona monclovita" –experiencia tienen ya con Felipe González–, pero en este caso Zapatero debe ser al menos consciente de que su ministro Alonso –ahora en Defensa– también tiene toda la responsabilidad como responsable que era de la Policía Nacional. Alonso tiene la obligación política de dimitir.
En Moncloa intentan parar el golpe soltando lastre, pero no es suficiente. La situación es mucho más grave. Estamos ante el primer caso de persecución política en la democracia, estamos ante las primeras detenciones ilegales y políticas en una situación que no tiene precedentes. Por cierto, de ésta quedan en el más solemne de los ridículos el Fiscal General del Estado, que justificaba las detenciones ilegales por una actitud vociferante; Pepín Blanco, que anunciaba que se iban a producir detenciones antes de que se realizaran; y Pérez Rubalcaba –actual ministro del Interior– que exigía al Partido Popular que pidiera perdón.
Este escándalo no puede acabar aquí. Está en juego el respeto a las libertades básicas de la convivencia, a la pluralidad de pensamiento, a la convivencia ciudadana. Están en juego las reglas elementales, e intocables, de una sociedad democrática. El gobierno ha demostrado con este caso el verdadero talante de Zapatero: detenciones ilegales, mentiras en el parlamento y persecución de la oposición. Y para rematar la faena, el portavoz socialista López Garrido ha dicho que la sentencia descalifica al Partido Popular. Lo de esta gente comienza a ser enfermizo. Esto ya no es mentir; es desvariar. En todo caso, el Gobierno busca distraer. Si Alonso tiene un mínimo de decencia, este martes deberá anunciar su dimisión. Veremos.