L D (EFE) Entrada la mañana del pasado jueves, el número 2 de "Gescartera", José María Ruiz de la Serna, se dirigió al Juzgado Central de Instrucción número 3, donde también admitió como válida la notificación del auto a través de sus procuradores, como ocurrió en el caso de la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna y su hermano, Enrique. Según varias acusaciones personadas en este caso, la mayor parte de la veintena de personas que declararon imputados casi hace tres años continúan en esta situación, a la que se sumaron después de los interrogatorios otros llamados como testigos como, por ejemplo, el informático de la agencia de valores intervenida, Miguel Angel de Vicente.
La mayoría de las acusaciones, como la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), la Gestoría Montalvo o la Fundación Caldeiro y alguna defensa, como la que representa a Caja Madrid, han presentado escritos de reforma contra este auto, por considerar que ha vulnerado la tutela judicial de los miles de perjudicados por Gescartera y la investigación está incompleta. Además de que en el auto de la jueza no se señalan claramente los responsables penales, según las acusaciones, tampoco se ha trasladado la documentación de la instrucción necesaria para que las partes -más de una treintena- presenten sus escritos de calificación.
Precisamente casi todas las partes personadas han pedido copias de los 109 tomos de autos, los soportes audiovisuales tomados en estos tres años, información de los últimos movimientos de los bancos involucrados e incluso diligencias policiales que están en el cuartel madrileño de Aluche, tras las inspecciones realizadas hace tres años a las sedes de Gescartera y la empresa AGP. Esta información, además, siempre según varias acusaciones, haría variar informes periciales importantes para la instrucción como los redactados por expertos del Banco de España y la Agencia Tributaria, que no tuvieron en cuenta la información recopilada en los últimos meses.
No debería haber un cierre de la instrucción hasta que —en opinión de estas fuentes— se tome declaración como imputados a los antiguos responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como sus ex presidentes Pilar Valiente y Juan Fernández Armesto. Esto último depende de la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha de decidir sobre un recurso de apelación presentado por la Gestoría Montalvo para que comparezcan como imputados estos ex responsables de la CNMV y buscar que este organismo supervisor pueda tener alguna responsabilidad civil
La mayoría de las acusaciones, como la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE), la Gestoría Montalvo o la Fundación Caldeiro y alguna defensa, como la que representa a Caja Madrid, han presentado escritos de reforma contra este auto, por considerar que ha vulnerado la tutela judicial de los miles de perjudicados por Gescartera y la investigación está incompleta. Además de que en el auto de la jueza no se señalan claramente los responsables penales, según las acusaciones, tampoco se ha trasladado la documentación de la instrucción necesaria para que las partes -más de una treintena- presenten sus escritos de calificación.
Precisamente casi todas las partes personadas han pedido copias de los 109 tomos de autos, los soportes audiovisuales tomados en estos tres años, información de los últimos movimientos de los bancos involucrados e incluso diligencias policiales que están en el cuartel madrileño de Aluche, tras las inspecciones realizadas hace tres años a las sedes de Gescartera y la empresa AGP. Esta información, además, siempre según varias acusaciones, haría variar informes periciales importantes para la instrucción como los redactados por expertos del Banco de España y la Agencia Tributaria, que no tuvieron en cuenta la información recopilada en los últimos meses.
No debería haber un cierre de la instrucción hasta que —en opinión de estas fuentes— se tome declaración como imputados a los antiguos responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como sus ex presidentes Pilar Valiente y Juan Fernández Armesto. Esto último depende de la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha de decidir sobre un recurso de apelación presentado por la Gestoría Montalvo para que comparezcan como imputados estos ex responsables de la CNMV y buscar que este organismo supervisor pueda tener alguna responsabilidad civil