L D (EFE) El representante del Ministerio Público pide al letrado 21 millones de euros al considerar que es "el sextuplo de las cuotas defraudadas en cinco ejercicios" y también solicita que Rodríguez Menéndez pierda la posibilidad de obtener subvenciones públicas o crédito oficial y del derecho a gozar de beneficios fiscales durante seis años.
En el banquillo de los acusados se sentará también la abogada Alicia Moreno perteneciente también al despacho de Rodríguez Menéndez, para quien el fiscal solicita la pena de cuatro años de prisión, suspensión para ejercer su profesión y una multa de tres millones de euros, "el duplo de las cuotas defraudadas en los ejercicios 1993 y 1994". Según explica el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, Rodríguez Menéndez presentó declaraciones tributarias de I.R.P.F., correspondientes a los ejercicios 1990, 1991, 1992, 1993 y 1994 en las que "no declaró la realidad de los ingresos sujetos a gravamen que tuvo en los referidos ejercicios fiscales".
Agrega que el acusado "se sirvió para la ocultación a la Hacienda Pública de los ingresos y fondos de los que era realmente titular del manejo de diferentes cuentas bancarias en las que aparecían como titulares personadas ligadas a él por motivos familiares o profesionales y en las que el acusado estaba autorizado para disponer de los fondos". Según explica, entre 1990 y 1994 en diferentes cuentas a nombre de sus padres, su segunda mujer y de su compañera de despacho aparecen ingresos "imputables a Emilio Rodríguez Menéndez en concepto de incrementos de patrimonio no justificados al no corresponderse con la renta o patrimonio por él declarados".
Para el fiscal no consta que los padres ni la segunda mujer se hubieran concertado con el acusado para facilitarle la opacidad fiscal de sus ingresos, "figurando ellos como titulares de las cuentas a través de las cuales el acusado movía sus ingresos y capitales". Sobre los rendimientos de capital inmobiliario imputables a Rodríguez Menéndez en los ejercicios 1990 a 1994 el fiscal destaca que el mismo era titular de una vivienda unifamiliar, seis pisos, y dos apartamentos, que vendió al divorciarse a excepción de un piso en Madrid.
El fiscal concluye que la liquidación de IRPF correspondiente al acusado respecto de citados ejercicios fiscales una vez incluidos los incrementos de patrimonio no justificados correspondientes a los ingresos en las cuentas bancarias a nombre de sus padres, de su esposa y de la abogada, los rendimientos de capital mobiliario constituidos por los rendimientos o intereses de dichas cuentas y los rendimientos inmobiliarios de los bienes inmuebles suman 3.609.309 euros de "cuota no ingresada y defraudada".
En el banquillo de los acusados se sentará también la abogada Alicia Moreno perteneciente también al despacho de Rodríguez Menéndez, para quien el fiscal solicita la pena de cuatro años de prisión, suspensión para ejercer su profesión y una multa de tres millones de euros, "el duplo de las cuotas defraudadas en los ejercicios 1993 y 1994". Según explica el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, Rodríguez Menéndez presentó declaraciones tributarias de I.R.P.F., correspondientes a los ejercicios 1990, 1991, 1992, 1993 y 1994 en las que "no declaró la realidad de los ingresos sujetos a gravamen que tuvo en los referidos ejercicios fiscales".
Agrega que el acusado "se sirvió para la ocultación a la Hacienda Pública de los ingresos y fondos de los que era realmente titular del manejo de diferentes cuentas bancarias en las que aparecían como titulares personadas ligadas a él por motivos familiares o profesionales y en las que el acusado estaba autorizado para disponer de los fondos". Según explica, entre 1990 y 1994 en diferentes cuentas a nombre de sus padres, su segunda mujer y de su compañera de despacho aparecen ingresos "imputables a Emilio Rodríguez Menéndez en concepto de incrementos de patrimonio no justificados al no corresponderse con la renta o patrimonio por él declarados".
Para el fiscal no consta que los padres ni la segunda mujer se hubieran concertado con el acusado para facilitarle la opacidad fiscal de sus ingresos, "figurando ellos como titulares de las cuentas a través de las cuales el acusado movía sus ingresos y capitales". Sobre los rendimientos de capital inmobiliario imputables a Rodríguez Menéndez en los ejercicios 1990 a 1994 el fiscal destaca que el mismo era titular de una vivienda unifamiliar, seis pisos, y dos apartamentos, que vendió al divorciarse a excepción de un piso en Madrid.
El fiscal concluye que la liquidación de IRPF correspondiente al acusado respecto de citados ejercicios fiscales una vez incluidos los incrementos de patrimonio no justificados correspondientes a los ingresos en las cuentas bancarias a nombre de sus padres, de su esposa y de la abogada, los rendimientos de capital mobiliario constituidos por los rendimientos o intereses de dichas cuentas y los rendimientos inmobiliarios de los bienes inmuebles suman 3.609.309 euros de "cuota no ingresada y defraudada".