L D (Agencias)
La ministra Narbona habló, cuando se refería a los incendios en Galicia, de la necesidad de medidas de valorización del medio rural y el monte como políticas preventivas ante esta situación. El consejero de Medio Rural gallego se ha pronunciado este miércoles sobre las declaraciones y abogó por no vincular estas actuaciones con los incendios "porque pueden dar lugar a interpretaciones contradictorias".
El Partido Popular gallego ha presentado este miércoles una pregunta en el Parlamento autonómico en la que insta a la Xunta a que juzgue las declaraciones de la ministra Narbona, en las que afirmaba, según el grupo popular, que "en Galicia la complicidad social en torno a los incendios es enorme".
En comunicado de prensa, el grupo popular en la Cámara gallega señala que estas declaraciones resultan "muy ofensivas", ya que de ellas se puede entender que "los incendios se producen en Galicia porque los gallegos del medio rural somos actores y encubridores".
Los diputados Roberto Castro y Manuel Ruiz Rivas, firmantes de la iniciativa parlamentaria, consideran que de las palabras de Narbona se desprende que "las gallegas y los gallegos somos cómplices de los incendiarios y que damos por bien hecho lo que son actividades delictivas".
El ex consejeiro de Medio Ambiente, el popular Xosé Manuel Barreiro, señaló, por su parte, que espera que el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, "que es del mismo partido que la ministra", dijo, le pida una rectificación pública de estas palabras. Barreiro le recomendó a la titular de Medio Ambiente que se exprese con "más prudencia", ya que, en su opinión, "está dañando la imagen de los gallegos y la de un colectivo que trabaja en circunstancias difíciles para luchar contra el fuego".
En comunicado de prensa, el grupo popular en la Cámara gallega señala que estas declaraciones resultan "muy ofensivas", ya que de ellas se puede entender que "los incendios se producen en Galicia porque los gallegos del medio rural somos actores y encubridores".
Los diputados Roberto Castro y Manuel Ruiz Rivas, firmantes de la iniciativa parlamentaria, consideran que de las palabras de Narbona se desprende que "las gallegas y los gallegos somos cómplices de los incendiarios y que damos por bien hecho lo que son actividades delictivas".
El ex consejeiro de Medio Ambiente, el popular Xosé Manuel Barreiro, señaló, por su parte, que espera que el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, "que es del mismo partido que la ministra", dijo, le pida una rectificación pública de estas palabras. Barreiro le recomendó a la titular de Medio Ambiente que se exprese con "más prudencia", ya que, en su opinión, "está dañando la imagen de los gallegos y la de un colectivo que trabaja en circunstancias difíciles para luchar contra el fuego".
La Xunta dice que la ley dificulta quemar los montes
El consejero de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, advirtió este miércoles de que no es una "conclusión fiable" afirmar que existe negocio detrás de la alta intencionalidad de los incendios que sufre Galicia ante la "dificultad" que para ello supone la legislación actual.
El titular de Medio Rural no negó, no obstante, que entre la "sabiduría popular" se habla de "negocios colaterales" en torno a los incendios, pero insistió en que los marcos legislativos actuales "hacen muy dificultosos" que "nadie puede aprovecharse de los resultados de un monte quemado".
Suárez Canal aseguró en una entrevista en la Televisión de Galicia que a la Administración gallega y a las fuerzas de seguridad y policiales competentes en esta materia "no le constan" que exista organización en la intencionalidad. El consejero recordó que la "mayor parte" de los incendios que se registran son intencionados, aunque las causas son "muy variadas".
Según el consejero, no existe una investigación "muy profunda" de las causas de la intencionalidad de los incendios para tener datos "rigurosos y fiables". Por ello Suárez Canal anunció la pretensión del Gobierno gallego de "fortalecer mucho" los medios de investigación para contar con pruebas "suficientes" que puedan acreditar la acción delictiva, "que es el problema fundamental en este tipo de circunstancias".