LD (Europa Press) En rueda de prensa, el vicepresidente primero y portavoz regional, Ignacio González, insistió en defender que "no hay razones más que políticas que justifiquen" el traslado de la CMT, impulsado por el Ministerio de Industria con José Montilla al frente, y advirtió que en la Comunidad de Madrid "se sitúan prácticamente la totalidad de las empresas de telecomunicaciones y un alto porcentaje de la industria del sector".
"Nosotros no entramos en la lógica legitimidad que tiene el Gobierno de la Nación para ubicar organismos del Estado allí donde considere oportuno, pero debe hacerse buscando la mayor eficacia en el funcionamiento de aquéllos, y no como consecuencia de decisiones políticas sobre traslado de organizaciones o instituciones que ya están ubicadas y dando un servicio a satisfacción de las empresas del sector", argumentó.
El portavoz del Gobierno de Esperanza Aguirre dijo que cuando el Supremo falló a favor de la Comunidad de Madrid anulando, por cuestiones de forma, el traslado de la CMT, el Alto Tribunal "exigía al Gobierno que justificara las razones que apoyaban" tal decisión --tanto el cambio de ubicación de la institución como su nuevo destino, esto es, Cataluña y no otro punto del territorio nacional, según González-- y le "reprochaba" la falta de aportación de memoria económica.
Para el Ejecutivo regional, sin embargo, el nuevo decreto aprobado por el Gobierno a finales de diciembre de 2006 para defender su postura "no recoge razones que justifiquen" las "exigencias" del Supremo, por lo que entiende que procede presentar un segundo recurso ante el Tribunal Supremo.
Por vulnerar los estatutos
Concretamente, el Gobierno regional presenta el nuevo recurso al entender que el decreto estatal vulnera el Estatuto madrileño de Autonomía, en su artículo 6, cuando establece la ubicación de la sede de las instituciones y organismos generales del Estado en Madrid, que a su vez la Constitución reconoce como la capital del Estado. Asimismo, advierte "incumplimiento" del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, por no respetar los requisitos establecidos para efectuar un traslado colectivo.
La Comunidad de Madrid alega también que "se vulneran los límites de la potestad discrecional de autoorganización de la CMT, así como la independencia y autonomía de dicho organismo, entre otras cosas porque el decreto gubernamental carece del informe preceptivo de la CMT para adoptar una decisión de tal envergadura como es la del traslado de su sede a Barcelona".
Cuando el Gobierno de Esperanza Aguirre recurrió por primera vez el traslado de la CMT se basó en que aquellos empleados que optaran por cambiar de ciudad tendrían, entre otras, dificultades de adaptación, "máxime si se tienen en cuenta las diferentes circunstancias de lengua, costumbres, cultura, etcétera". Además, defendió que "la deslocalización" de dicha institución también ocasionaría "perjuicios" a las empresas de telecomunicaciones, y afectaría negativamente a los contribuyentes, "al ocasionar más gastos", y al ámbito de la autonomía política, competencial y financiera de la Comunidad de Madrid.