Al hablar de empresas, conviene recordar que hay una realidad inexorable: las empresas son de mentira, no tienen existencia real, son tan sólo el nombre que se le da al arreglo formal entre personas para llevar a cabo una actividad. “Empresa” es el nombre que usamos para identificar al grupo de colaboradores que juntos emprenden una actividad, sea esta para prestar un servicio, producir bienes, formar un equipo deportivo o llevar a cabo una exploración. Por lo tanto, no son entes reales con vida propia que se puedan ver o pellizcar y, siendo así, podemos apreciar que las empresas no pueden pagar impuestos ni pagar prestaciones.
Entonces, ¿quién paga los impuestos que les pone el gobierno? Todos los gastos, sin excepción, incluyendo el costo de tener gobierno –los impuestos–, los tiene que pagar quien disfruta del producto o servicio que venden los socios de “la empresa”. No queda más remedio, pues nadie emprendería una actividad para prestar un servicio o producir un producto si no puede reponer para producirlo. Si todos los costos no los pagaran los clientes, incluyendo la remuneración a quienes ponen el capital (las “utilidades”), ¿quién lo pagaría? Es por eso que todos los costos están incluidos en los precios que pagan los consumidores. Ojo: esto no quiere decir que los precios son la suma de los costos, pues los precios los determina la oferta y la demanda; pero sí quiere decir que si la suma de los costos no se recupera con la venta, el producto o servicio no se ofrecerá más.
La función empresarial consiste en intermediar entre consumidores y dueños de los recursos naturales, humanos y de capital. Quienes aportan trabajo o abastecimientos reciben una remuneración contractual, saldada periódicamente. En cambio, la remuneración a los dueños del capital es incierta, eventual y residual: es la diferencia entre lo que pagan los clientes menos todos los gastos en que se incurre para producir y vender. Si no se recobran, porque no se atinó en lo que los consumidores realmente quieren, cierra la empresa, pues tiene como límite el patrimonio de los propietarios. Cuentan que de cada diez empresas que se organizan, siete cierran antes de cinco años y las que vemos son las que sobrevivieron.
La mayoría de los clientes son los mismos trabajadores, pues los “capitalistas” o inversionistas son una pequeña minoría. Así resulta que son los mismos trabajadores quienes pagan los costos laborales cuando compran los productos. Como los recursos de los consumidores tienen límite y los precios de los recursos –incluyendo el del capital- son dados por el mercado, mientras más altas son las prestaciones laborales impuestas por ley, menor será el sueldo en efectivo que se le paga al trabajador, para estar dentro del precio que el consumidor está dispuesto a pagar. “La empresa” no paga sueldos ni prestaciones sino sólo coordina su pago. Ciertamente, “la empresa” tiene que ofrecer salarios competitivos, pues de lo contrario no consigue trabajadores; tiene que brindar su mejor opción de empleo para que la tomen los trabajadores. Si otras opciones que tienen no son tan deseables como quisiéramos se debe a que no hay suficientes inversionistas (capitalistas) que demanden mano de obra. Igualmente, si “la empresa” no retribuye al capital competitivamente, no lo consigue o se retirará, en cuyo caso no pagará sueldo alguno, ni tampoco impuestos.
Ninguna carga “social” es pagada por las empresas. Son los trabajadores que compran productos, quienes las pagan. Las “empresas” son simples intermediarios.
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Manuel F. Ayau Cordón es Ingeniero y empresario guatemalteco, fundador de la Universidad Francisco Marroquín, fue presidente de la Sociedad Mont Pelerin.
