Uno de los peligros más temibles para las democracias es que resulten rebasadas por "poderes de hecho" –poderes fácticos, les llaman algunos– como pueden ser los poderes del dinero, el poder de la calle o el poder de los medios de comunicación al servicio de intereses particulares y hasta inconfesables. La tragedia de Bolivia es que sucesivamente dos presidentes –Gonzalo Sánchez de Losada y Carlos Mesa– han sido derrocados por el poder de la revuelta callejera. El trueque ha sido brutal: se ha optado por ceder el orden constitucional básico a cambio de evitar mayores baños de sangre.
El panorama en Bolivia es desolador porque a nadie escapa que los líderes de la revuelta callejera ya han rebasado a las instituciones y en lugar de procedimientos democráticos y ajustados más o menos al derecho y a la ley, prima la temible acción directa en manos de caudillos que acabarán enfrentándose entre sí o que, incluso, serán rebasados por la chusma más o menos anónima.
Para Ortega y Gasset las instituciones vertebran a las sociedades y les dan coherencia; cuando no existen las instituciones o cuando han sido rebasadas y rebajadas a la impotencia por los poderes de hecho –que recurren a la acción directa– las sociedades retroceden a la ley del más fuerte, del más despiadado y del más inescrupuloso.
Desde Argentina, donde los famosos "piqueteros" hacen y deshacen al margen de la ley y de las instituciones, alentados en algunos casos por el mismo gobierno y por los variopintos grupos peronistas que se disputan parcelas de poder, el espectáculo de Bolivia se ve con aprensión premonitoria: ¿la irresponsabilidad de los políticos argentinos habrá liberado al demonio de la acción directa sin darse cuenta de que más tarde esos demonios serán totalmente incontrolables?
Además de los casos dramáticos y visibles del poder de la revuelta callejera existen versiones más sutiles, pero no menos peligrosas, de poderes de hecho que acaban destrozando el entramado democrático o poniéndolo en serio riesgo.
Por ejemplo, los casos de corrupción legislativa – que se han dado lo mismo en la Argentina de De la Rúa que en el actual Brasil de Lula o en el aciago Perú de Fujimori– atacan directamente a las instituciones y a la vertebración de la sociedad. Cuando los legisladores pueden ser comprados con portafolios llenos de dinero –no importa si quien los está comprando es el poder ejecutivo o alguno de los poderes de hecho de negociantes adinerados– o amedrentados con amenazas abiertas o veladas por parte de esos mismos poderes de hecho, estamos en serios problemas.
La única vacuna más o menos efectiva contra ese peligro es la información y la denuncia pública. Los medios de comunicación deben defender a la sociedad, jamás convertirse, ellos mismos, en peligros poderes fácticos contra las instituciones democráticas.
