Hace mucho que no escuchamos pronunciar a ninguna figura relevante del Gobierno unas frases de apoyo y de ánimo dirigidas a las víctimas del terrorismo. ¿Quién recuerda la última vez que el Fiscal General del Estado dijo algo que no las incomodara? ¿Alguien guarda en su memoria la fecha más reciente en la que el presidente del Gobierno tuvo unas simples palabras de cariño para tantos y tantos afectados por el terrorismo etarra? Lo dudo mucho. El Gobierno ha enterrado intencionadamente una actitud hacia las víctimas que debería ser obligada para todo político en ejercicio, y que hoy parece formar parte de otra época, muy lejana en el tiempo.
Entre los comportamientos de los socialistas, uno de los más sangrantes es el del Fiscal General del Estado, que debería vigilar permanente que la ley se aplicara con rigor y sin excepciones a los terroristas y que, en cambio, ofrece siempre el beneficio de la duda a los pistoleros e interpreta la ley de acuerdo con los intereses de los que ponen las bombas. Parece que a Conde Pumpido le preocupa mucho que la banda terrorista ETA pueda enfadarse o molestarse ante un cumplimiento riguroso de la ley. El proceso de rendición está en marcha y no se quiere que aplicar la justicia provoque una mala reacción de los terroristas, de modo que el Gobierno y sus aledaños se mueven con un servilismo que llega hasta la náusea.
La forma de actuar del Fiscal General del Estado no ofrece dudas. De su triste trayectoria iniciada hace dos años y medio se pueden destacar muchas cosas, pero bastan quizá dos para hacerle una radiografía completa. La primera es la destitución política del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, en lo que se puede considerar un ataque frontal a la lucha contra el terrorismo. Pero también debería Cándido los motivos por los que el batasuno Arnaldo Otegi preguntaba en la Audiencia Nacional, pocos minutos antes de salir hacia la cárcel de Soto del Real, si su encarcelamiento lo conocía Conde Pumpido. Dos hechos suficientemente significativos que explican con la mayor elocuencia los objetivos que este Fiscal General del Estado persigue, siempre a las órdenes del presidente del Gobierno.
Pero en todo caso hay una prueba que demuestra más que ninguna otra la actitud mezquina y la voluntad plena de ceder en todo ante los terroristas, enterrando cualquier normativa legal que pueda obstaculizar el camino: el desprecio a las víctimas del terrorismo. Ni en el Gobierno ni en su entorno se preocupan de ellas; andan más ocupados en que los terroristas se encuentren cómodos reuniéndose con el PSOE y el Ejecutivo, disfrutando de la rendición sin condiciones de los socialistas. Lo que resulta evidente es que están violentando la legalidad para cortejar a los terroristas, lo que nos hace sentir muy inseguros a los ciudadanos españoles.