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POR EL RECORTE PRESUPUESTARIO

Fomento pide a las constructoras que abaraten su obra pública en curso

Después de que el ajuste fiscal del Gobierno español recortase el presupuesto de Fomento, el ministerio que dirige José Blanco y las constructoras no coinciden a la hora de concretar cómo recortarán los gastos.

La secretaria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, ha pedido a las empresas de construcción una rebaja en los costes de las obras públicas que están en curso, con el objetivo de finalizar 2010 con un recorte del gasto del 22%.

Rodríguez-Piñeiro ha señalado que Fomento está revisando todos los proyectos en marcha para aplicarles un plan de eficiencia que permita "hacer las cosas al menor coste posible", tal y como se está haciendo "en el sector privado".

En ese sentido, desde Fomento aseguran que el plan de ajuste "todavía no está cerrado". Una vez que el estudio del Ministerio esté finalizado, se iniciará un proceso de revisión individual con las empresas para estudiar "caso a caso" las obras que tienen en marcha y realizar su respectiva revisión.

Por su parte, la Asociación Nacional de Constructores Independientes ha pedido al Gobierno que recorte en los capítulos de gasto corriente de los ministerios "no inversores", en lugar de recortar 3.200 millones de euros en la inversión de infraestructuras del Ministerio de Fomento para 2011.

Su presidente, Jaime Lamo de Espinosa, ha señalado durante la asamblea general de la asociación que las constructoras independientes aceptan el recorte de 3.200 millones de euros anunciado por el Gobierno para 2010, pero piden que "no se proceda de igual forma" en los Presupuestos Generales para el año que viene.

En este sentido, Lamo ha indicado que ANCI manifiesta su conformidad con el recorte del déficit a través de la reducción del gasto corriente, pero no con la del gasto productivo.

A su juicio, la reducción de las inversiones, que ascendería a un total de 6.400 millones de euros, supondrá un incremento de 115.000 parados en el sector de la construcción, un menor crecimiento del PIB, un aumento del subsidio de desempleo y una reducción de los ingresos de la Seguridad Social.

Además, ANCI ha expresado que las rescisiones de obra deben ser "limitadas y excepcionales", y que no deben afectar a las empresas que sólo tienen una o dos obras adjudicadas no finalizadas porque, de lo contrario, se les pondría "en grave riesgo" y se reduciría el tejido productivo.

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