L D (EFE)
Esta es la principal medida del proyecto de ley de medidas relativas a la conciliación del trabajo con la vida familiar del personal de las administraciones públicas catalanas, que ha sido aprobado este miércoles y que pretende favorecer la natalidad en Cataluña y hacer compatible la paternidad o la maternidad con el trabajo.
La ley aprobada, que entrará en vigor el próximo 1 de mayo (Día del Trabajador), permite también a los empleados públicos que tengan a su cargo un familiar con disminución psíquica, física o sensorial y que no trabaje reducir su jornada laboral un tercio o la mitad cobrando un 80 o un 60% de su sueldo, respectivamente.
Asimismo, el proyecto amplía el permiso en casos de nacimiento de un hijo o de adopción a cinco días, y permite a las funcionarias ausentarse de su puesto de trabajo una hora diaria por lactancia mientras su hijo o hija tenga menos de nueve meses.
Pese a la satisfacción de todos los grupos parlamentarios por la aprobación de dicho proyecto de ley, las formaciones de izquierda han reprochado al gobierno catalán que "limite" estas medidas a los funcionarios de la administración catalana y no las extienda al resto de la sociedad catalana.
La consellera de Gobernación, Nuria De Gispert, les ha replicado que estas medidas "no se pueden imponer" a las empresas, sino pactarse en la negociación colectiva, y ha confiado en que el proyecto de ley genere un debate en el ámbito privado sobre la conveniencia de aplicar medidas como éstas.
La ley aprobada, que entrará en vigor el próximo 1 de mayo (Día del Trabajador), permite también a los empleados públicos que tengan a su cargo un familiar con disminución psíquica, física o sensorial y que no trabaje reducir su jornada laboral un tercio o la mitad cobrando un 80 o un 60% de su sueldo, respectivamente.
Asimismo, el proyecto amplía el permiso en casos de nacimiento de un hijo o de adopción a cinco días, y permite a las funcionarias ausentarse de su puesto de trabajo una hora diaria por lactancia mientras su hijo o hija tenga menos de nueve meses.
Pese a la satisfacción de todos los grupos parlamentarios por la aprobación de dicho proyecto de ley, las formaciones de izquierda han reprochado al gobierno catalán que "limite" estas medidas a los funcionarios de la administración catalana y no las extienda al resto de la sociedad catalana.
La consellera de Gobernación, Nuria De Gispert, les ha replicado que estas medidas "no se pueden imponer" a las empresas, sino pactarse en la negociación colectiva, y ha confiado en que el proyecto de ley genere un debate en el ámbito privado sobre la conveniencia de aplicar medidas como éstas.