La comunidad autónoma valenciana imita a su vecina del norte en el programa de inmersión lingüística para imponer en este caso el valenciano como única lengua de la esfera pública. La diferencia con Cataluña es que Valencia no lo hace bajo la amenaza de la multa o la sanción administrativa sino a través de un mecanismo mucho más sugestivo, especialmente en tiempos de crisis económica: la subvención.
En efecto, a raíz del mensaje indignado de un lector de nuestro periódico, pequeño empresario madrileño ubicado en Castellón, hemos podido comprobar que Francisco Camps regala dinero de todos los valencianos a aquellos emprendedores que se dobleguen voluntariamente a erradicar el castellano en su actividad empresarial. Para ello tienen que rotular exclusivamente en la lengua vernácula sus comercios, tanto en el exterior como dentro de las dependencias del negocio, donde todos los mensajes deberán estar escritos únicamente en valenciano.
Los vehículos de la empresa tampoco podrán contar con ningún mensaje en español, si es que el empresario quiere trincar la subvención que Camps le ofrece para "normalizar" el uso del valenciano en su territorio. Otro de los requisitos para poder optar a estas subvenciones es la erradicación del castellano de cualquier documentación administrativa o técnica de la empresa, así como en las páginas web de que disponga, que deberán tener su página de inicio escrita en la lengua vernácula.
Se trata, según la declaración de intenciones de la orden por la que se convocan anualmente estas ayudas, de que la sociedad civil participe en la "reafirmación y consolidación de la identidad colectiva"(sic), exhortación tribal que perfectamente podría suscribir cualquier partido nacionalista, y que el gobierno de Francisco Camps utiliza con toda naturalidad para justificar la depredación del bolsillo ciudadano al objeto de acabar con la presencia de la lengua común de todos los españoles en la esfera pública, fin último que el gobierno valenciano del Partido Popular comparte asimismo con cualquier otra formación nacionalista.
El gobierno de Valencia quiere que los pequeños empresarios "sean parte activa de la normalización del uso social del valenciano", aunque de momento con escasa suerte a tenor de la cuantía económica destinada a tan dudoso fin. "Sólo" 227.500 euros hay previstos para este reparto, señal de que el buen juicio del empresariado castellonense, valenciano y alicantino hace que sus titulares prefieran no participar en este auténtico chantaje utilizando el dinero precisamente de sus clientes. Al menos esa es la situación de momento, porque es bien sabido que el dinero fácil entregado por los políticos puede llegar a ser muy, pero que muy sugestivo.