23-05-03 El Gobierno aprueba la tercera reforma de la Ley de Extranjería en esta legislatura

L D (Agencias) El objetivo de la reforma, que supone modificar veinte de los setenta artículos de la norma, es incorporar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que anuló trece artículos del reglamento que desarrollaba la anterior versión de la ley, así como adaptarla a las nuevas directivas europeas en materia de inmigración. En este sentido, entre las novedades que contempla esta reforma figura la simplificación de los trámites burocráticos y la posibilidad de que el visado concedido en el país de origen se considere como permiso de trabajo y de residencia. Así, el visado se asociará a la circunstancia o situación por la que un extranjero quiere venir a España y, de este modo, podrá servir como permiso de trabajo y de residencia y, por tanto, el inmigrante podrá darse de alta en la Seguridad Social.

Además potencia los procedimientos de control y expulsión de extranjeros que accedan de modo ilegal a España, refuerza el cuadro de sanciones y aumenta las obligaciones de los transportistas. Sobre este último aspecto, la ley establece la posibilidad de obligar a las compañías aéreas a informar de su lista de viajeros para detectar los vuelos "calientes" , es decir, los más utilizados por la inmigración ilegal, y comuniquen la identidad de las personas que no hacen uso de su billete de vuelta. Otra de las novedades se refiere a que las líneas aéreas habrán de hacerse cargo del retorno del ilegal al lugar del que este salió (no necesariamente su país de origen), y en el caso de que las compañías no colaboren, podrán ser sancionadas.

El Gobierno también otorga rango de ley a las normas y criterios de actuación referidas al empadronamiento, con el fin de que el padrón sea una fuente de información veraz y plantea medidas que impidan las peticiones fraudulentas de regularización. El cambio de la ley recoge además el reconocimiento mutuo entre los Estados de la Unión Europea de las resoluciones de expulsión , que podrán ser ejecutadas por cualquier país miembro de la UE.