L D (Agencias) También se han admitido y ordenado las diligencias solicitadas por la parte querellante (la familia del fallecido), entre las que se encuentra solicitar al hospital el expediente clínico del paciente, recabar información de la Fiscalía y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, tomar declaración al querellado y oficiar al Colegio de Médicos para solicitar informe de su comité de expertos, añadieron las fuentes informantes.
Según el letrado que presentó la querella, ratificada por las hijas del fallecido, el enfermo padecía desde hace siete años enfermedad pulmonar obstructiva crónica. "Había acudido en numerosas ocasiones a los servicios de Urgencias y siempre le pautaban oxigenoterapia, pero nunca le habían sedado sin haberle ventilado. En esta ocasión no le suministraron oxígeno y le sedaron, y falleció".
Un mes después de que se conociera públicamente la denuncia sobre mala praxis en la administración de sedantes en Urgencias y el coordinador de esta unidad fuera relevado temporalmente de su puesto, la Junta Técnico Asistencial y la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid todavía no se han puesto de acuerdo en la composición de este Grupo de Expertos, por lo que la Fiscalía de Madrid pretende encomendar a peritos judiciales la revisión de los casos "dudosos".
El Grupo de Expertos tiene previsto estudiar las historias clínicas de los pacientes que recibieron sedación en las Urgencias del hospital desde finales de 2003, cuando se llevó a cabo la primera inspección. Aquella inspección concluyó que no había habido mala praxis médica, mientras que la segunda inspección, ordenada por Sanidad tras recibir la denuncia, determinó, en su informe, que había irregularidades administrativas, 25 casos de sedación no indicada, no adecuada o excesiva, pero ni descartaba ni afirmaba mala praxis.
Tras el segundo informe fueron destituidos, además del coordinador de Urgencias, el director Médico y el gerente del Severo Ochoa, y se anunció la creación del Grupo de Expertos. La Fiscalía de Madrid cree que los datos con los que cuenta actualmente sobre el hospital Severo Ochoa, si son corroborados, "aparentemente" no permiten deducir la existencia de indicios de responsabilidad penal en relación con una supuesta mala praxis en la administración de fármacos, sin perjuicio de lo que se concluya con la práctica de otras actuaciones.