L D (Agencias) El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Junta de Castilla y León contra la ley de devolución a Cataluña de los "papeles de Salamanca" y ha pedido la opinión de las partes sobre una posible suspensión cautelar de la misma, informó Efe.
En una providencia fechada el 17 de enero y dada a conocer este viernes por el Tribunal, la sección segunda acuerda dar traslado de la demanda y la documentación presentada por la Junta al Congreso, al Senado y al Gobierno para que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen oportunas.
Además y en respuesta a la petición de la Junta de que se suspenda cautelarmente la aplicación de la Ley hasta que haya sentencia, el TC emplaza asimismo a Congreso, Senado y Gobierno a que formulen sus alegaciones también en un plazo de quince días.
"Expoliación" y "mutilación"
El recurso interpuesto por la Junta de Castilla-León argumentaba que la Ley de restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, supone una "expoliación" y la "mutilación" de la mitad de los documentos y "rompe la función social" que este centro debe desarrollar.
Así lo explicó en rueda de prensa la consejera de Cultura, Silvia Clemente, para quien la ley "vulnera rotundamente la Constitución", ya que sólo un apartado de sus seis artículos y dos disposiciones adicionales "no tiene inconstitucionalidad". En el recurso, la Junta solicitaba, como medida cautelar, que el Constitucional impida la salida "material" de ningún documento hasta que dicte sentencia.
Esa petición ha sido reiterada por representantes de la Junta y del Ayuntamiento de Salamanca en diversas ocasiones. Así, el pasado lunes, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, insistió al jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en que paralice la decisión de restituir a la Generalidad documentos del Archivo de Salamanca hasta que el Tribunal Constitucional (TC) decida sobre el recurso planteado por esta Comunidad.
El presidente del Gobierno insistió, según Herrera, en que no tenía ninguna intención de paralizar la salida de los documentos. Una vez que se conoció, el pasado martes, la intención del Ministerio de Cultura de llevar a cabo ayer jueves el traslado de los documentos, la vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz, criticó que el Gobierno no concede la posibilidad de esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie y pidió al TC "máxima celeridad".
Una "humillación" innecesaria
En este sentido, el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, volvió a calificar de "humillación" la forma en la que ayer se produjo el traslado de los documentos y "el tremendo despliegue policial" y es que "Salamanca ni como ciudad, ni sus habitantes necesitaban eso".
Julián Lanzarote negó haber provocado los acontecimientos con la negativa a los trabajos de carga y descarga, "ya que –dijo– el Ayuntamiento tiene un bando y su obligación es que se haga que se cumpla, y por ello el único que lo ha incumplido es el Ministerio de Cultura".
El alcalde recurrió a las previsiones de los archiveros, "quienes calculan que en los próximos meses saldrán cerca de 5.000 cajas más llegando al final serán entre 8.000 y 10.000 cajas, lo que supondrá la desmantelación del Archivo". "Aquí en España –ironizó el alcalde– hacemos las cosas muy bien, ya que no sólo no dotamos de más medios a un Archivo estatal, sino que además empezamos a trocear algo que es un patrimonio todos", concluyó.