L D (EFE) Según su abogada, Montserrat Pascual, los abusos que se imputan al funcionario, que "acudió a los juzgados voluntariamente", no están relacionados con las fiestas nocturnas por las que fueron detenidos tres policías del centro y otros cuatro quedaron en libertad con cargos, sino que se trata de las acusaciones de otras dos internas "que tampoco participaron" en los hechos denunciados.
Pascual manifestó a los periodistas que las declaraciones de estas mujeres fueron "inconsistentes y contradictorias" y que responden a un intento de "mercantilizar popularmente" el hecho de que el jefe de seguridad pudiese estar involucrado en este asunto.
Rodríguez Pablos deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado de Instrucción número 9 como medida cautelar de acuerdo a las peticiones de la Fiscalía y una de las acusaciones particulares, correspondiente a la defensa de dos de las primeras denunciantes, por considerar "que existen indicios de delito".
Por su parte, el abogado de las otras cuatro supuestas víctimas y la acusación popular representada por Málaga Acoge solicitaron prisión preventiva sin fianza ya que, según el letrado, Jesús Ureña, "es lo más justo ante el riesgo de alarma social y la posibilidad de que se alteren o modifiquen pruebas".
Sin embargo, la abogada del jefe de seguridad aseguró que "no tiene consistencia que se adopte una medida tan drástica", porque, a su juicio, las penas solicitadas "eran irrisorias, ya que apenas llegaban a los seis meses", si bien destacó que "meter preso al jefe de seguridad del centro es algo que vende mucho".
Las inmigrantes que declararon hoy en calidad de testigos protegidos ante la juez titular, Elena Sancho, reconocieron haber padecido "tocamientos", aunque manifestaron que "no querían denunciar los hechos, sino sólo contar lo sucedido", explicó la letrada.
Esta alegó, sin embargo, que fue el funcionario policial "quien puso en conocimiento de su jefe inmediato que estaban ocurriendo irregularidades", después de que le informase el abogado de algunas de las internas, y que además "participó en la detención e intervención de las armas de sus propios compañeros".
Pascual se cuestionó por qué después de haber colaborado en la investigación acusan a su cliente por abusos a otras mujeres "que hasta el momento no habían aparecido" y advirtió de que "ya se sabrá quién le está haciendo la encerrona".
Apuntó que durante la comparecencia de las internas les preguntó si conocieron por comentarios de otras compañeras que el hecho de presentar una denuncia podría beneficiarles de cara a su regularización, lo cual, según Pascual, "han negado, pero evidentemente no lo van a admitir".
Además, incidió en el hecho de que su cliente no ha sido destituido "ya que no se le ha notificado nada oficialmente", y que ha estado desempeñando su trabajo en el CIE "hasta el 31 de julio".
Respecto a las fiestas nocturnas en las que presuntamente los agentes pudieron haber incurrido en un delito de abuso sexual, Rodríguez Pablos declaró que no tuvo conocimiento de nada, ya que él no cubre el servicio de noche, sino que se lo hizo saber el letrado de algunas de las inmigrantes.
Tres personas comparecieron hoy en relación a este caso, de las seis que estaban previstas, tras suspenderse las declaraciones de otras dos internas y un nuevo policía, y las diligencias continuarán a partir del 8 de agosto.