El TSJC obliga a la Generalidad a preguntar qué idioma hablan los alumnos antes de matricularse
En una sentencia dictada el pasado 15 de septiembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a la Generalidad a que vuelva a incluir en los formularios de preinscripción escolar una casilla en la se preguntaba a los padres cuál era la lengua habitual de sus hijos antes de matricularles en un colegio público o concertado. Además, el diputado popular Eugenio Nasarre ha pedido a María Jesús San Segundo que obligue a Cataluña a impartir un número mínimo de cuatro horas semanales de Lengua Castellana en las aulas.
Convivencia Cívica ha recibido esta sentencia como "un primer paso" para que los padres puedan elegir libremente la lengua de enseñanza de su hijo y para acabar con el actual modelo de inmersión lingüística en catalán. Hasta el curso 1998-1999, en los formularios de preinscripción había una casilla que preguntaba por la lengua familiar del alumno. Se suponía que con esa información el departamento de Educación debería garantizar al castellano hablante su educación en ese idioma. A partir de ese año, se eliminó la casilla. Es decir, ni siquiera se preguntaba por lo que las clases se impartían en catalán ignorando –más bien, no queriendo ver– que más de la mitad de los alumnos de primaria eran castellano hablantes.
Por su parte, el departamento de Educación ha asegurado, en un comunicado, que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y ha subrayado que la sentencia "no cuestiona el modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas".
Según informa la agencia EFE, el TSJC asegura que la Generalitat deberá "adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial de preinscripción escolar se pregunte a los padres o tutores de los niños preinscritos en los centros escolares sostenidos por fondos públicos por su lengua habitual, a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en su lengua habitual la primera enseñanza". El tribunal recuerda que la ley de Política Lingüística de 1999 contempla que "los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, ya sea el catalán o el castellano" y que "la Administración ha de garantizar este derecho y poner los medios necesarios para hacerlo efectivo".
Convivencia Cívica Catalana pedía la adopción de medidas para que en un modelo oficial se pregunte a los padres de los niños preinscritos por su lengua habitual para que éstos pudieran ejercer el derecho a recibir la primera enseñanza (educación infantil y primaria) en este idioma, ya sea el catalán o el castellano. En su comunicado, Educación lamenta "el intento de la entidad presidida por Aleix Vidal-Quadras de fomentar la segregación lingüística en las escuelas catalanas".
Este departamento, que dirige ahora Marta Cid, asegura que la cuestión planteada por Convivencia Cívica Catalana "no responde a la realidad que se vive en los centros del país y basa su discurso en la búsqueda de un conflicto lingüístico que no existe ni preocupa a las familias"
El castellano en las escuelas de Cataluña
Este miércoles, el PP apeló al Ministerio de Educación para que obligue a Cataluña a impartir un número mínimo de cuatro horas semanales de Lengua Castellana en las aulas. El diputado popular Eugenio Nasarre incidió durante la sesión de control al Gobierno en que el objetivo del aprendizaje de la lengua castellana es alcanzar el pleno dominio de ésta al acabar la Educación Secundaria, y mantuvo que ese objetivo requiere un mínimo de cuatro horas semanales.
Nasarre denunció que algunas Comunidades no están aplicando esas previsiones, e instó a la ministra a contestar si considera suficientes dos horas semanales de Lengua Castellana para alcanzar ese dominio. Consideró que la Lengua Castellana debe ocupar un lugar "central, no marginal" en todos los centros, y tras advertir que así figura en la normativa básica lamentó que algunas Comunidades, y citó el caso de Cataluña, no estén cumpliendo los objetivos.
La ministra aclaró que el Gobierno anterior recurrió contra la aplicación que de la normativa básica estaban haciendo varias Comunidades, y recordó que además de Cataluña se recurrió contra Baleares y el País Vasco. Criticó a Nasarre por mencionar sólo en su intervención el caso de Cataluña, y apeló a la necesidad de esperar las resoluciones de los tribunales para que éstos determinen si las Comunidades están cumpliendo con la normativa básica.
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