Este jueves ha tenido lugar el inédito juicio contra la Generalidad por la imposición lingüística. El empresario Manuel Nevot ha sido quien ha sentado en el banquillo al gobierno de Montilla. Es uno de tantos catalanes que sufre la imposición lingüística en Cataluña. Pero su caso se hizo famoso al ponerle Rajoy como ejemplo en el debate electoral que mantuvo con Zapatero por televisión.
A pesar de que rotuló en catalán, le sancionaron con 400 euros porque el rótulo principal no lo estaba y otros 400 “por no tener el cartel que anuncia la existencia de un libro de reclamaciones”. La repercusión mediática terminó, pero la lucha de Nevot, de 73 años, continúa. Tras varias alegaciones y recursos de alzada, ha llegado hasta el juzgado.
Según Francisco Caja –presidente de la organización que lleva su caso, Convivencia Cívica Catalana–, entrevistado en esRadio, la vista “ha transcurrido de forma satisfactoria”. Pero sobre todo se ha “confirmado la voluntad inequívoca de la Generalidad de obligarnos a los catalanes por la fuerza, bajo coacción o bajo la amenaza de una multa, a utilizar el catalán queramos o no queramos. Y evidentemente a excluir el castellano o someterlo a ciertas condiciones”.
Preguntado sobre si confían en que la Justicia vaya a darles la razón, Caja ha señalado que confían en ella y “en la independencia judicial, que va a ser capaz de obrar en derecho y va pronunciarse favorablemente a la libertad, a los derechos individuales”.
El propio Manuel Nevot se ha mostrado optimista tras el juicio y ha recalcado que su negocio está rotulado como "Finques Nevot", un argumento que ha esgrimido ante el juez, aunque ha reconocido que la frase "compraventa de fincas y locales" está escrita únicamente en castellano. "Hay más que suficiente", ha sentenciado el empresario, para añadir que "quien ve el cartel de Finques Nevot ya sabe a lo que viene, a comprar o vender fincas".
En el que caso de que la Justicia no le dé la razón no piensa renunciar a sus derechos. Ha advertido de que acudirá al Tribunal Constitucional, e incluso al de Estrasburgo, si no consigue anular por la vía del contencioso-administrativo la ley catalana de política lingüística.
"Confiamos en que la justicia será justicia y la libertad será restaurada en Cataluña"
Francisco Caja ha explicado que “lo que se dirime aquí es si los poderes públicos, el gobierno catalán, puede obligarnos a los catalanes a hablar una determinada lengua, sea ésta la que sea, es decir, si es lícito la ortopedia o la inquisición lingüística”.
“Esto es un problema de libertad, los ciudadanos tenemos derecho a hablar la lengua que queramos en nuestras relaciones privadas, no solamente comerciales sino en cualquier ámbito de las relaciones privadas. No podemos consentir que el gobierno decida por nosotros la lengua que hablamos. Y confiamos en que la justicia será justicia y la libertad será restaurada en Cataluña".
Zapatero ha presumido del castellano en el Desatuno de Oración con Obama. Preguntado sobre ello por esRadio, Caja ha señalado que "está muy bien que Zapatero ejerza de español fuera de España, pero querríamos también que ejerciera de español dentro de España, y que le aconsejara al señor Montilla que no persiguiera a los comerciantes que quieren libremente utilizar la lengua española".
Ciudadanos acude al juicio para apoyar al “valiente empresario”
Ciudadanos ha acudido al juicio para manifestar su apoyo a Manel Nevot, este “valiente empresario catalán”. “La administración no puede intervenir en la forma, ni en el idioma en la que los ciudadanos nos podemos relacionar y comunicar entre nosotros, en el ámbito privado, y menos obligarnos a hacerlo de una manera u otra. Es una cuestión de principios, la libertad de expresión vuelve a estar en juego”, ha afirmado Nito Fontcuberta, secretario de Relaciones Institucionales de C's, asistente a la vista.
Fontcuberta ha defendido que “cada vez son más los contribuyentes que se atreven a plantar cara a una administración, más ocupada en crear problemas que en solucionar los que realmente tienen los ciudadanos” y ha añadido: “Multar por no rotular en catalán, es un ejemplo más de las políticas discriminatorias y coercitivas del gobierno del presidente Montilla, que desde C´s llevamos años denunciando”.
Para Nito Fontcuberta, “la utilización del cuerpo de inspectores de consumo como policía lingüística, es también un ejemplo de lo que esta ocurriendo”. “Confiamos en que la justicia dé la razón al señor Nevot; si no es en Barcelona, será en el Constitucional, y si no, en los tribunales internacionales a los que está dispuesto acudir”, ha concluido Fontcuberta.
Por su parte, el representante de la Generalidad, según recoge Efe, ha dicho ante el juez que la ley "no impide que se utilice el castellano o cualquier lengua el rótulo, sino que exige que se utilice como mínimo el catalán".