L D (EFE)
El objetivo de este acuerdos es un estudio sobre las modificaciones necesarias en la legislación de catástrofes marinas y la visita se producirá probablemente "antes de que acabe el mes de noviembre", ya que la financiación del estudio ya está garantizada y correrá a cargo de las empresas eléctricas, según explicó Martín Villa en los pasillos del Congreso tras su primera reunión con Javier Arenas para informarle de los últimos datos sobre el "Prestige".
Por otro lado, Martín Villa explicó que "las circunstancias que motivaron la creación de la figura del Comisionado, con rango de secretario de Estado, no son las circunstancias que persisten actualmente", de modo que ahora su cargo tiene "una dimensión más administrativa que política" y podría "desaparecer" próximamente porque viene a ser "matar pulgas a cañonazos". Martín Villa no quiso cuantificar el tiempo que permanecerá en el cargo, dado que el nombramiento y el cese es competencia del Gobierno, pero explicó que la oficina del Comisionado permanecerá abierta en cualquier caso.
Para Martín Villa, la situación actual es "muchísimo mejor" que en el pasado mes de noviembre, tanto por el estado del mar y de las playas, como por la normalización de la actividad económica y pesquera. Además, sostuvo que la acción jurídica está "suficientemente bien" planteada, de modo que las indemnizaciones -que cifró en un total de entre 600 y 650 millones de euros- se pagarán por el Fondo Internacional para daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) en aproximadamente un 50 por ciento, mientras que el resto "esperamos que en buena parte, se logrará de los resultados de los litigios" contra los responsables de la catástrofe, "el armador, el propietario del barco, el propietario de la carga y la empresa que certificó el estado del barco".
Por otro lado, Martín Villa explicó que "las circunstancias que motivaron la creación de la figura del Comisionado, con rango de secretario de Estado, no son las circunstancias que persisten actualmente", de modo que ahora su cargo tiene "una dimensión más administrativa que política" y podría "desaparecer" próximamente porque viene a ser "matar pulgas a cañonazos". Martín Villa no quiso cuantificar el tiempo que permanecerá en el cargo, dado que el nombramiento y el cese es competencia del Gobierno, pero explicó que la oficina del Comisionado permanecerá abierta en cualquier caso.
Para Martín Villa, la situación actual es "muchísimo mejor" que en el pasado mes de noviembre, tanto por el estado del mar y de las playas, como por la normalización de la actividad económica y pesquera. Además, sostuvo que la acción jurídica está "suficientemente bien" planteada, de modo que las indemnizaciones -que cifró en un total de entre 600 y 650 millones de euros- se pagarán por el Fondo Internacional para daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) en aproximadamente un 50 por ciento, mientras que el resto "esperamos que en buena parte, se logrará de los resultados de los litigios" contra los responsables de la catástrofe, "el armador, el propietario del barco, el propietario de la carga y la empresa que certificó el estado del barco".