L D (EFE) Así lo manifestaron José Ramón Cantalejo y Jaime Sanz de Bremond, abogado de la acusación particular y de la acusación popular respectivamente, al término de la sesión pública que se celebró este viernes en la Audiencia Provincial de Almería para dar lectura al fallo del tribunal sobre la muerte del agricultor en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas, el 24 de julio de 2005.
Aunque ambos abogados coincidieron al manifestar su intención de interponer un recurso de casación y en la consideración de que la sentencia dictada incurre en contradicciones, las primeras palabras de Cantalejo fueron para lamentar que el fallo haya "abierto la veda" para que en España "se empiece a pensar que cualquier persona que haya consumido cocaína puede ser apaleada hasta la muerte en un cuartel".
De este modo, y repitiendo esta consideración en dos ocasiones, lamentó Cantalejo un fallo cuyas penas "no nos parecen suficientes" puesto que, "muy probablemente", el teniente José Manuel Rivas, para el que ante la sala reclamó cinco años y medio de prisión, "no llegue a entrar en la cárcel". El letrado mostró sin embargo su satisfacción ante la posibilidad de que el mando del cuartel de Roquetas, considerado culpable de un delito de atentado no grave contra la integridad moral y de una falta de lesiones, sea cesado de la Guardia Civil, puesto que "los ciudadanos nos hemos librado de esas personas que manchaban" a la institución.
Cantalejo, además de manifestar la existencia de contradicciones entre los hechos probados que recoge la sentencia y el fallo dictado, lamentó que el tribunal se haya visto "abocado y sujeto" a la prueba pericial forense, en la que se explicó que la muerte del hombre se produjo por la ingesta de cocaína que derivó en un síndrome de delirio agitado, "nuevo síndrome demencial del que no hay bibliografía ni en español", ironizó el letrado.
Por su parte, el abogado de la acusación popular en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Jaime Sanz de Bremond, manifestó su discrepancia "absoluta" con la condena dictada para el teniente Rivas y sobre el hecho de que el tribunal no considere la existencia de relación alguna entre el fallecimiento y la actuación de los acusados. El letrado, que solicitó para los acusados penas de 52 años y medio de prisión y que además fue el único que calificó la actuación del teniente como constitutiva de un delito de torturas, afirmó que "nos parece grave que actitudes de este tipo hayan tenido una respuesta tan benigna por parte de la administración de Justicia".
Sendos representantes de la acusación hicieron estas declaraciones momentos después de que el tribunal del denominado "caso Roquetas" diese a conocer en sesión pública su fallo sobre la muerte de Juan Martínez Galdeano, por el que resultaron condenados los tres agentes que usaron defensas contra el hombre y fueron absueltos los otros cinco imputados.